El Gobierno de Javier Milei se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) a reducir la cantidad de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las pensiones por discapacidad a partir de diciembre de este año, una vez finalizadas las elecciones legislativas de octubre. El recorte fue formalizado en el último acuerdo técnico firmado entre el Ejecutivo y el organismo de crédito internacional, en el que se detalla que el objetivo de este ajuste es mejorar el superávit fiscal, en línea con las metas impuestas por el Fondo.
La medida, que afecta de manera directa a los sectores más vulnerables, contradice el discurso oficial que hasta ahora se jactaba de haber “reducido la pobreza” gracias al aumento de los montos de la AUH y la Tarjeta Alimentar por encima de la inflación. Paradójicamente, esa misma política había sido elogiada por el propio FMI en informes anteriores, pero ahora el Gobierno cambió el rumbo: en lugar de sostener los programas, busca reducirlos para “mejorar la eficiencia” a través de un reempadronamiento obligatorio en un registro único.
El documento aprobado el jueves por el directorio del Fondo establece que el Ejecutivo deberá aplicar “controles mejorados de elegibilidad” para ambos programas sociales. La tarea se llevará a cabo mediante la integración de bases de datos sociales en un sistema centralizado llamado Sistema de Indicadores Sociales (SIS), que depende del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. Aunque la página oficial sostiene que el SIS se actualiza mensualmente, no publica cifras nuevas desde mayo de 2024.
Detrás del eufemismo de “eficiencia” y “focalización”, lo que se esconde es un recorte concreto. El propio acuerdo especifica que el objetivo es generar un ajuste adicional de 0,3 puntos del PBI para alcanzar un superávit fiscal de 1,6% del PBI, en lugar del 1,3% inicialmente pautado. ¿El motivo? “Apoyar la transición al nuevo régimen cambiario” tras la salida parcial del cepo, un punto clave en la agenda económica del Gobierno.
En el “Memorando de Políticas Económicas y Financieras” que forma parte del mismo acuerdo, el Gobierno admite que continuará reduciendo subsidios energéticos y que aplicará un nuevo esquema de “focalización” para todos los programas sociales. El proceso, señalan, será facilitado por la asistencia técnica del Banco Mundial.
Con este plan, Milei consolida un rumbo de ajuste cada vez más alineado a los intereses del FMI y alejado de las necesidades básicas de millones de personas que dependen de la AUH o las pensiones no contributivas por discapacidad. El Gobierno decide avanzar en silencio y sin anuncios formales, esperando que las urnas queden atrás antes de implementar una poda que impactará directamente sobre quienes menos tienen. Una vez más, el déficit fiscal se ordena a costa de los más vulnerables.
