La Universidad de Harvard ha presentado una demanda contra la administración de Donald Trump, cuestionando la legalidad de la reciente decisión del gobierno de revocar su autorización para matricular estudiantes internacionales. La institución alega que esta medida es una represalia inconstitucional por su negativa a cumplir con las exigencias políticas impuestas por la Casa Blanca. La demanda sostiene que la acción gubernamental vulnera la Primera Enmienda, al interferir con la libertad académica y la autonomía institucional.
El Departamento de Seguridad Nacional, liderado por la secretaria Kristi Noem, justificó la revocación de la certificación de Harvard para inscribir a estudiantes extranjeros, alegando preocupaciones sobre la seguridad en el campus y supuestos vínculos con el Partido Comunista Chino. Además, se exigió a la universidad que proporcionara registros detallados de sus estudiantes internacionales en un plazo de 72 horas.
En respuesta, Harvard argumentó que estas acciones representan una extralimitación del poder ejecutivo y una amenaza directa a su misión educativa. La universidad destacó que más de 7.000 estudiantes internacionales se verían afectados por esta medida, lo que tendría consecuencias devastadoras para su comunidad académica y su compromiso con la diversidad global.
Un juez federal en Boston ha emitido una orden temporal que bloquea la implementación de la medida, citando posibles daños inmediatos e irreparables para la universidad y sus estudiantes. La audiencia judicial está programada para el 27 de mayo, donde se evaluará la legalidad de la acción gubernamental y su impacto en la educación superior en Estados Unidos.
