En medio de un fuerte rechazo de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida, ampliando además el mandato de cinco a seis años y eliminando la segunda vuelta electoral. Con este cambio, el presidente Nayib Bukele podrá postularse para un tercer período consecutivo, una decisión que refuerza su control sobre el país y profundiza las señales de un giro autoritario. Lejos de condenar esta medida, la administración de Donald Trump expresó su respaldo a través de un portavoz del Departamento de Estado, quien sostuvo que “la Asamblea Legislativa de El Salvador fue elegida democráticamente” y que “la decisión de realizar cambios constitucionales es suya”.
El aval del expresidente estadounidense —quien mantiene una estrecha alianza con Bukele desde su primera gestión— contrasta con las advertencias de distintos sectores que ven en la reforma un punto de quiebre institucional. “Están recorriendo el mismo camino que Venezuela. Empieza con un líder popular que concentra poder y termina en dictadura”, alertó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. En la misma línea, su colega Juan Pappier recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había advertido en 2021 que la reelección indefinida representa un riesgo estructural para la democracia, al debilitar los mecanismos de control institucional.
La modificación constitucional, impulsada por la mayoría legislativa oficialista, rompe uno de los principales límites históricos del sistema político salvadoreño. Para los analistas, este avance no podría haberse concretado sin un entorno internacional permisivo, algo que Bukele habría aprovechado en el contexto de su cercanía con Trump. Según Pappier, “Bukele sabe que con Trump en la Casa Blanca tiene vía libre. No hay diques de contención internacionales que lo frenen”.
El vínculo entre ambos líderes se fortaleció en los últimos años, especialmente tras la oferta de Bukele de utilizar su megacárcel Cecot como centro de detención para migrantes deportados por Estados Unidos, incluidos venezolanos acusados por Trump —sin pruebas— de formar parte de grupos criminales como el Tren de Aragua. Ese gesto fue interpretado como una muestra de alineamiento estratégico y explicaría, en parte, el respaldo político de Washington a pesar de las denuncias de exilio forzado de periodistas, represión a organizaciones civiles y la existencia de presos políticos en El Salvador, como la abogada Ruth López.
La posición del entorno de Trump marca un giro radical respecto a la postura de la administración de Joe Biden, que había sancionado a varios funcionarios del gobierno de Bukele por corrupción y violaciones a los derechos humanos. En cambio, el nuevo posicionamiento ignora los pronunciamientos de organismos regionales que alertan sobre una “erosión paulatina” de la democracia salvadoreña, incluso si el gobierno mantiene su fachada electoral. La eliminación de la segunda vuelta y la ampliación del mandato presidencial son solo algunos de los elementos que refuerzan la concentración de poder en manos del mandatario salvadoreño, cuya popularidad, sin embargo, sigue siendo alta en el plano interno.
