Daniela Batlle Casas, una influencer santafesina conocida por mostrar en TikTok un estilo de vida de lujo junto a su pareja, quedó en el centro de la polémica tras ser identificada como exasesora del diputado Gerardo Milman, actualmente investigado por posibles vínculos con el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. En un descargo publicado en sus redes, la tiktoker confirmó que trabajó con el legislador en 2022, aunque intentó despegarse de cualquier implicación: “Estuve solo ocho meses y renuncié en octubre, antes de los escándalos que se investigan”, dijo. Sin embargo, el atentado ocurrió el 1 de septiembre de ese mismo año, un mes antes de la fecha que ella misma menciona como su salida del Congreso.
La influencer, que acumula casi 170 mil seguidores y más de 11 millones de “me gusta” en TikTok, apuntó contra quienes la cuestionan por redes sociales: “Me están matando, así que me veo obligada a responder”, dijo en referencia a los mensajes que comenzó a recibir luego de que trascendiera su vínculo laboral con Milman. Alegó que su paso por el Congreso fue breve y parte de un intento por progresar profesionalmente. “Me mudé a Buenos Aires desde Santa Fe buscando oportunidades, pero no encontré lo que esperaba y renuncié”, afirmó. También sostuvo que su única relación con el diputado fue laboral, y negó tener conocimiento o participación en los hechos que se le atribuyen a su entorno.
El pasado político de Batlle Casas no se limita a su paso por el Congreso: en 2021 fue precandidata al Concejo Municipal de Santa Fe en una lista de Juntos por el Cambio. Ese mismo año también ganó un millón de pesos en el programa televisivo “Los 8 escalones del millón”, y había sido noticia por asistir a una fiesta clandestina durante la pandemia en un country local, en la que participaron empresarios y funcionarios. Según medios de Santa Fe, se formó como abogada en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y fue jugadora de hockey en el Club Náutico El Quillá.
Las declaraciones de la influencer surgen en un contexto judicial sensible: hace pocas semanas, la jueza María Eugenia Capuchetti accedió finalmente al teléfono celular de Gerardo Milman, tras meses de negativa por parte del diputado. El aparato había sido secuestrado en 2023, pero solo en mayo de este año Milman entregó voluntariamente la clave, en una declaración espontánea. La causa investiga si existieron autores intelectuales detrás del intento de asesinato a la ex vicepresidenta, un hecho que aún no está esclarecido del todo.
Si bien Batlle Casas intenta desvincularse de cualquier relación con el atentado, el detalle de las fechas en su descargo público generó ruido: aseguró haberse desvinculado del despacho de Milman antes de los hechos investigados, pero la cronología oficial desmiente esa afirmación. Por el momento, su testimonio no forma parte de la causa, pero su aparición pública reavivó el interés sobre el entramado político que rodea a uno de los episodios más graves de la historia democrática reciente.
