La Universidad de Harvard presentó una demanda contra el gobierno de Donald Trump por congelar fondos federales, luego de acusar a la institución de no sancionar protestas estudiantiles propalestinas. La acción judicial desató una ola de apoyos: más de 200 universidades de todo el país firmaron una carta conjunta en rechazo a lo que consideran una intervención política “sin precedentes”.
El presidente de Harvard, Alan Garber, denunció que la medida “excede la autoridad del Ejecutivo” y advirtió sobre sus consecuencias: “Recortar fondos a la investigación médica y científica es poner en riesgo vidas humanas”, dijo. La Casa Blanca, en tanto, exige nombres de estudiantes manifestantes y acceso a informes internos sobre denuncias de antisemitismo y prejuicio antimusulmán en el campus.
La comunidad académica reaccionó con fuerza. Yale, Princeton, Brown y otras instituciones prestigiosas respaldaron a Harvard en un comunicado conjunto donde alertan: “La libertad académica está en juego. Las universidades deben operar sin miedo a represalias ni censura”.
Desde los campus hasta el Congreso, crece la tensión entre las casas de estudio y el Ejecutivo republicano. “No nos oponemos a la supervisión legítima, pero sí al control ideológico”, enfatizan las universidades.
El conflicto se desató en el marco de las masivas protestas contra la ofensiva militar israelí en Gaza, que dividieron aguas en el ámbito educativo. Trump acusa a las universidades de ser “santuarios de odio”, mientras que las instituciones defienden el derecho a la expresión y el disenso pacífico.
