El jueves 17 de julio vence el plazo que fijó la jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, para que la Argentina transfiera el 51% de las acciones de YPF en manos del Estado a los fondos Burford Capital y Eton Park, como parte de la ejecución de la sentencia por la expropiación de la petrolera en 2012. Argentina espera que antes de esa fecha la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito acceda al pedido de suspensión del fallo, mientras continúan las audiencias clave en el tribunal estadounidense.
El lunes, Preska rechazó la solicitud del Estado argentino para que se postergue la entrega de los títulos. Mientras tanto, el Gobierno presentó una apelación ante la Cámara del Segundo Circuito, no solo para revertir la sentencia sino también para frenar sus efectos hasta que se resuelva si la orden judicial puede o no ejecutarse.
En simultáneo, hoy se desarrollan dos audiencias técnicas en el juzgado de Preska: una sobre la mecánica de la entrega de acciones y otra, más delicada, sobre el pedido de Burford para que se declare a YPF como “alter ego” del Estado argentino, lo que permitiría avanzar sobre activos de la empresa como si fueran parte del patrimonio nacional.
Si la Cámara de Apelaciones no concede la suspensión antes del jueves, Argentina podría enfrentarse a un pedido de desacato por incumplir la orden judicial. En ese escenario, el Gobierno argumentará que no puede ejecutar la entrega de las acciones sin violar la Ley de Inmunidades Soberanas, sin contar además con la autorización del Congreso Nacional.
