El bloque Encuentro Federal denunció la irrupción violenta en sus oficinas dentro del Congreso de la Nación. El hecho, sin robo ni móviles aparentes, siembra sospechas y refleja una preocupante escalada en el nivel de agresividad institucional.
Un hecho inusual que prende las alarmas en el Congreso
Durante el fin de semana, el despacho del bloque Encuentro Federal, ubicado en uno de los edificios anexos del Congreso, fue violentado por personas aún no identificadas. Forzaron puertas, provocaron daños materiales, pero no sustrajeron ningún objeto de valor, a pesar de la presencia de computadoras, electrodomésticos y documentación.
Los despachos más afectados fueron los de los diputados Nicolás Massot y Emilio Monzó, ambos figuras clave en la oposición moderada y con roles activos en la investigación del escándalo del Criptogate.
Según el comunicado firmado por Miguel Ángel Pichetto y Oscar Agost Carreño, presidente y secretario del bloque, lo ocurrido fue “un hecho aislado en todo el edificio”, lo que incrementa las sospechas sobre la intencionalidad política del acto.
Una agresión sin robo: ¿mensaje encubierto?
La ausencia de robo en un episodio que implicó violencia física sobre los accesos no puede interpretarse como un simple intento de hurto frustrado. En el contexto actual, esto se percibe más como un mensaje, una intimidación, que como un hecho delictivo común.
En un Congreso donde las tensiones partidarias se intensifican —sobre todo con el avance de investigaciones que tocan al oficialismo—, el acto de violentar oficinas opositoras sin llevarse nada sugiere una advertencia simbólica: se puede vulnerar el espacio institucional sin consecuencias.
Violencia política en aumento: del discurso al acto
Argentina atraviesa un clima enrarecido donde la confrontación política ha desbordado los límites del debate parlamentario. La violencia verbal desde sectores del poder —muchas veces legitimada por discursos oficiales o desde redes sociales— se traduce cada vez más en hechos concretos de hostigamiento, acoso o amedrentamiento.
Este episodio no puede leerse en soledad. Se inscribe en una serie de gestos y situaciones que van desde la estigmatización de legisladores opositores hasta el intento de paralizar el Congreso a través de presiones informales. El ataque a los despachos es un síntoma de un proceso más amplio: el vaciamiento simbólico del recinto como lugar de representación democrática.
La respuesta institucional: ¿silencio cómplice o acción efectiva?
El hecho fue denunciado ante las autoridades de la Cámara, presidida por Martín Menem, quien aún no brindó una respuesta pública clara. Desde el bloque opositor exigen el esclarecimiento inmediato del hecho, pero también un compromiso firme para preservar la integridad de los espacios parlamentarios.
En un momento donde el Congreso está en el centro de decisiones críticas —desde la ley Ficha Limpia hasta la investigación del Libra Gate—, garantizar su funcionamiento libre de presiones y amenazas es esencial para la calidad democrática.
Conclusión: cuando la violencia entra por la puerta del Congreso, la democracia empieza a tambalear
Lo ocurrido no puede relativizarse ni minimizarse. No es un episodio policial: es un hecho político. Y como tal, exige respuestas a la altura de su gravedad. La violencia institucional —aunque simbólica o indirecta— erosiona la confianza pública y naturaliza prácticas autoritarias.
Hoy, más que nunca, el Congreso debe ser un bastión de la pluralidad y el debate libre. Permitir que el miedo o la intimidación ganen terreno, es abrirle la puerta a una democracia más frágil, más condicionada, más peligrosa.
