La jueza neoyorquina falló a favor de los fondos buitre en un caso que mezcla intereses privados, derecho internacional y complicidades políticas
En una nueva embestida judicial contra los intereses del Estado argentino, la jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó este lunes que la Argentina transfiera el 51% de las acciones de YPF al fondo buitre Burford Capital, y horas más tarde extendió una orden similar a favor del fondo Bainbridge, que litiga por una deuda menor pero con el mismo espíritu de presión económica. Aunque el fallo no es de ejecución inmediata y será apelado, representa un precedente de alta gravedad institucional y una alerta para la soberanía jurídica de los Estados frente a la arquitectura legal del capital financiero global.
🧨 Un fallo que busca forzar, no reparar
La resolución de Preska forma parte del litigio iniciado por Burford, que compró en 2015 los derechos del Grupo Petersen (de la familia Eskenazi), para reclamar por la expropiación de YPF en 2012. En términos técnicos, el argumento de los demandantes sostiene que el Estado argentino no lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) al momento de estatizar la empresa, violando así el estatuto de YPF. Pero la operación de compra por parte del fondo buitre tiene un carácter netamente especulativo, y así lo entienden muchos juristas internacionales: lo que se busca no es justicia ni reparación, sino una vía para presionar a un Estado soberano hasta obtener beneficios económicos desproporcionados.
El monto de la sentencia, 16.100 millones de dólares, es considerado desorbitado e incompatible con los estándares del derecho internacional, que exige proporcionalidad y legalidad en los fallos que involucran a Estados. Lo más grave, según varios especialistas, es que la jueza invade la esfera soberana de la Argentina al ordenar la entrega de un paquete accionario estratégico de una empresa estatal, sin considerar que la expropiación fue realizada mediante ley del Congreso, con causa de utilidad pública y sujeta a indemnización.
🧭 Un conflicto entre jurisdicciones y principios
El caso no se desarrolla en el vacío. La Argentina ha sostenido en todas las instancias judiciales que los tribunales de Nueva York no tienen competencia para juzgar actos soberanos de un Estado, como lo fue la estatización parcial de YPF. La defensa oficial se apoya en la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos (FSIA), que limita severamente los casos en los que un país extranjero puede ser juzgado en EE.UU. YPF no es una empresa extranjera ni sus acciones fueron negociadas en territorio estadounidense; tampoco hay actividad comercial directa en ese país que justifique la excepción.
En este punto, muchos juristas califican el accionar de Preska como una extralimitación de funciones, rozando el “imperialismo judicial”. Al intentar ejecutar una sentencia que le da a un fondo buitre el control accionario de una compañía estatal extranjera, se desdibuja la frontera entre derecho privado y soberanía pública, algo que podría escalar como jurisprudencia nociva para otros Estados.
🕳️ Entre la política interna y la estrategia de defensa
El presidente Javier Milei, lejos de defender la posición institucional de Argentina en los tribunales, optó por politizar el fallo y culpar a Axel Kicillof, exministro de Economía durante la expropiación. Lo hizo con declaraciones agresivas que, paradójicamente, debilitan la posición jurídica del país al darle insumos discursivos a la parte demandante.
Además, la política del actual gobierno ha generado sospechas sobre conflictos de interés: el nuevo procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, tiene vínculos directos con Alberto Bianchi, experto testigo a favor de Burford en el juicio. Esto plantea dudas legítimas sobre la voluntad real del Poder Ejecutivo de enfrentar este litigio con firmeza, más aún cuando la propia defensa técnica —valorada por especialistas— fue desmantelada con recortes presupuestarios y expulsión de personal clave.
🔍 ¿Qué sigue?
El fallo fue inmediatamente apelado por el Gobierno, y lo más probable —según fuentes del fuero— es que la Cámara de Apelaciones ralentice la ejecución o incluso modifique aspectos centrales. Por el momento, no hay riesgo inminente de que Burford tome control de las acciones, aunque sí se espera que continúe la presión financiera y mediática. Algunos analistas incluso anticipan que el caso puede “hibernar” por años, como forma de negociación indirecta.
Lo que no es negociable, sin embargo, es la gravedad institucional del precedente: si se convalida que un tribunal extranjero puede disponer de activos estratégicos de una nación, se abre una caja de Pandora para otros litigios similares.
🛡️ Soberanía en jaque
El fallo de Preska no ocurre en un contexto neutral. Se da mientras el presidente argentino fortalece su alineamiento con los sectores más radicalizados del establishment estadounidense, y justo después de reiteradas declaraciones de funcionarios libertarios que insinúan una nueva privatización de YPF. La coincidencia temporal no pasa desapercibida.
El gobernador Axel Kicillof no tardó en señalar esta contradicción: “Lo más grave no es el fallo, sino que el presidente argentino se ponga del lado de los poderes extranjeros en lugar de defender los intereses nacionales”. También apuntó a que la retórica oficialista, que constantemente denigra al Estado, favorece el relato judicial de los fondos buitres.
