El Gobierno de Javier Milei publicó el DNU 493/2025, que habilita la privatización total o parcial de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y modifica sustancialmente el régimen regulatorio vigente desde 2006. En este marco, el Ejecutivo eliminó la prohibición de cortar el servicio a los usuarios residenciales con deudas, una medida que afecta directamente a miles de hogares en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Además de abrir la puerta al ingreso de capital privado, el nuevo decreto otorga mayores atribuciones a la futura concesionaria, incluyendo la posibilidad de revisar tarifas cada tres meses y solicitar aumentos extraordinarios. La decisión se inscribe en el proceso de desmantelamiento de empresas públicas impulsado por la administración libertaria.
🏛️ Un avance privatizador con fuerte impacto social
La modificación del artículo 2° del Decreto 304/06 permite al Estado “enajenar total o parcialmente su participación accionaria” en AySA, algo que hasta ahora estaba expresamente prohibido. Este paso marca un punto de inflexión en el modelo de gestión estatal del agua, un servicio esencial que hasta ahora estaba protegido bajo el principio de acceso universal.
La decisión política es coherente con el modelo de achicamiento del Estado que promueve Milei, pero pone en tensión el carácter público y social del agua como derecho humano. Con este DNU, el Gobierno redefine el agua como mercancía, sujeta a reglas de mercado, tarifas dolarizadas y condiciones de pago sin contemplaciones.
🚱 Corte de servicio: un giro regresivo en materia de derechos
Hasta ahora, AySA tenía prohibido interrumpir el servicio a usuarios residenciales por falta de pago. Solo podía restringir el caudal. Pero con el nuevo decreto, se habilita el corte total del suministro luego de 60 días de mora. Para usuarios no residenciales, el plazo se reduce a 15 días.
El artículo 81 del nuevo marco regulatorio lo establece con claridad: “La Concesionaria está facultada para proceder al corte del servicio público por atrasos en el pago de las facturas correspondientes”.
Aunque el decreto menciona vagamente que se deberá proteger la salud pública y exceptúa hospitales, sanatorios y cárceles, el impacto será grave para familias en situación de vulnerabilidad en un contexto de alta inflación y caída del poder adquisitivo.
📈 Tarifas en alza: indexación por inflación y aumentos extraordinarios
El nuevo marco regulatorio permite revisiones tarifarias ordinarias cada tres meses, ajustadas por inflación, y habilita aumentos extraordinarios ante “hechos imprevistos” que impacten los costos operativos de la concesionaria. En los hechos, esto implica tarifas crecientes en un contexto de recesión, donde muchas familias ya destinan una porción significativa de sus ingresos a pagar servicios públicos.
Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), en 2024 las boletas de AySA se incrementaron un 331%. Esta dinámica podría profundizarse con la privatización, dejando a vastos sectores sin capacidad de pago y bajo riesgo de desconexión total del servicio.
🔍 Análisis político: un modelo de privatización sin contrapesos democráticos
Desde el punto de vista político, el caso AySA evidencia un modo de gobernar por decreto, sin debate legislativo ni consulta pública. El uso del DNU como herramienta para transformar estructuralmente empresas públicas contradice principios básicos de transparencia y participación democrática.
Además, se consolida un modelo de gestión neoliberal extrema, donde el mercado reemplaza al Estado incluso en áreas sensibles como el acceso al agua. La concesionaria privada podrá usar como garantía los fondos recaudados por tarifas para financiarse, dejando en segundo plano la función social del servicio.
La creación de un Plan Director de Mejora Estratégica, bajo la órbita de la Agencia de Planificación, sugiere un intento de justificar las reformas con promesas de inversión en infraestructura. Pero los plazos (hasta cinco años de transición) y las prioridades (equilibrio económico-financiero del contrato) confirman que el objetivo central no es garantizar derechos, sino garantizar rentabilidad al capital privado.
