La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner prepara una embestida judicial que promete sacudir tanto a la política como a los tribunales. En los próximos días, sus abogados presentarán un recurso ante la Corte Suprema con un pedido explosivo: el retiro inmediato de la tobillera electrónica que controla su arresto domiciliario y la apertura total del régimen de visitas, que hoy solo admite familiares, médicos y abogados.
Pero la jugada no se limita a eso. Cristina también avanzará con una recusación directa contra tres jueces del máximo tribunal, a quienes acusa de falta de imparcialidad. La movida es interpretada como un desafío frontal al poder judicial en busca de ganar espacio político incluso desde su detención.
La exmandataria sostiene que la tobillera no cumple ninguna función real y que su uso es apenas un estigma. A su vez, reclama que se elimine la obligación de pedir autorización judicial para recibir visitas, lo que le daría un margen de libertad mucho mayor dentro de su prisión domiciliaria.
Hasta ahora, los tribunales habían rechazado sus planteos, pero esta vez busca forzar la intervención de la Corte Suprema. Si el máximo tribunal acepta analizar el recurso, el escenario podría cambiar drásticamente; si lo rechaza, quedaría ratificado el estricto control sobre la exmandataria.
Cristina cumple arresto domiciliario tras haber sido condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por la causa Vialidad. Su situación sigue generando divisiones: para sus seguidores, es víctima de persecución; para sus detractores, sus maniobras son intentos desesperados de recuperar privilegios.
El país mira con atención lo que ocurrirá en los próximos días. La gran incógnita es si Cristina Kirchner logrará deshacerse de la tobillera y transformar su residencia en un centro político en pleno arresto domiciliario.
