Mediante un decreto de necesidad y urgencia, la Casa Rosada otorgó 100.000 millones de pesos a los servicios de inteligencia. La medida elude la auditoría parlamentaria en medio de un severo congelamiento social.
El manejo discrecional de los recursos públicos provocó un cimbronazo institucional en el Congreso. El Gobierno nacional asignó fondos reservados de la SIDE por cien mil millones de pesos mediante un decreto. En consecuencia, los servicios de inteligencia contarán con una masa presupuestaria exenta de auditorías ordinarias.
La decisión administrativa lleva la firma del presidente y su gabinete económico. Por este motivo, los bloques opositores reclamaron la inmediata derogación parlamentaria de la normativa. Los legisladores advierten que los recursos podrían destinarse a operaciones de persecución política interna.
Contraste ético con la salud y la educación
La multimillonaria partida contrasta de forma escandalosa con la realidad de los centros médicos. El Hospital Pediátrico Garrahan mantiene sus salas con presupuestos congelados por la inflación acumulada. Asimismo, las universidades públicas del interior reclaman partidas mínimas para abonar los servicios de luz.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo encontró recursos inmediatos para alimentar las arcas del espionaje. Por lo tanto, la excusa oficial sobre la falta absoluta de fondos perdió total credibilidad técnica. Además, el organismo de inteligencia no brinda explicaciones sobre los destinos operativos del dinero transferido.
Alerta por la degradación republicana
Por consiguiente, diversos juristas denunciaron la violación de los principios constitucionales de transparencia presupuestaria. Ninguna democracia moderna tolera el reparto discrecional de fondos reservados en contextos de emergencia social. En este sentido, la doctrina justicialista concibe al Estado como una herramienta de servicio popular. Finalmente, la Comisión Bicameral de Inteligencia prepara una interpelación urgente a las autoridades del organismo.
