Mientras más de 2.200 hectáreas quedaron reducidas a cenizas en la cordillera chubutense, el gobernador Ignacio Torres salió a reclamar mano dura y pidió incorporar la figura del ecocidio al Código Penal. La iniciativa surge tras comprobarse que al menos dos de los focos fueron provocados de manera intencional, con amenazas previas a brigadistas y uso de materiales acelerantes.
El caso más grave se registró en Puerto Patriada, donde la fiscalía confirmó la intencionalidad del incendio. En El Hoyo, el fuego arrasó bosque nativo milenario y puso en riesgo a más de 3.000 personas, al afectar la única vía de salida de la zona. Pese al desastre, Torres volvió a apuntar contra lo que definió como un “garantismo berreta” que deja libres a los responsables y alimenta una peligrosa sensación de impunidad.
El gobierno provincial ofreció una recompensa de $50 millones para dar con los culpables y advirtió sobre la presencia de grupos violentos que actúan bajo consignas extremistas, diferenciándolos de las comunidades originarias. También alertó por el daño irreversible al patrimonio natural y recordó que recuperar un bosque puede llevar miles de años.
Con el respaldo del ministro del Interior, Diego Santilli, Torres pidió a los legisladores nacionales avanzar con la reforma penal. “No es solo un delito ambiental: pusieron en riesgo vidas y destruyeron un bien de todos los argentinos”, sentenció. Chubut sigue en emergencia, mientras el fuego expone una vez más la debilidad del Estado para prevenir y castigar estos crímenes.
