En un acto de crueldad sin precedentes, el oficialismo envió al Congreso un proyecto de ley que es una verdadera “cacería de brujas”. Bajo la excusa de un supuesto “fraude”, imponen un reempadronamiento humillante que busca dejar a miles de argentinos en la calle y sin cobertura médica. La desregulación total: ahora las prepagas y obras sociales podrán negociar tu salud como si fuera un kilo de carne.
No tienen límites. Cuando pensabas que el ajuste ya había tocado fondo, el gobierno de la crueldad decide cavar un poco más hondo. Mientras la Justicia los acorrala por incumplir las leyes vigentes, la respuesta de la Casa Rosada no fue acatar, sino redoblar la apuesta con una ley que huele a rancio: el proyecto “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”. Un título rimbombante para ocultar lo que verdaderamente es: un certificado de defunción para los derechos conquistados.
Reempadronamiento del terror: Si no te anotás, te borran
La jugada es perversa. El Ejecutivo pretende obligar a todas las personas con discapacidad a un reempadronamiento obligatorio. No les importa si vivís en el Impenetrable chaqueño o si no tenés medios para movilizarte: si no acreditás nuevamente tu “miseria” ante la burocracia estatal de ANSES y ARCA, la suspensión de tu pensión será automática.
Es una estrategia de desgaste, un filtro diseñado para que el que no tenga recursos para defenderse, se caiga del sistema. La “motosierra” ya no solo corta gastos, ahora corta derechos vitales.
Prohibido trabajar: El regreso al medioevo
Uno de los puntos más escandalosos es la instauración de la “incompatibilidad absoluta”. Si sos una persona con discapacidad y lográs conseguir un empleo formal para intentar progresar, el Estado te castiga quitándote el beneficio.
¿Cuál es el mensaje? O sos un indigente o no tenés derecho a la ayuda estatal. Eliminan de un plumazo los incentivos para que las empresas contraten personal con discapacidad, rompiendo cualquier sueño de integración laboral. Volvemos a un modelo donde la discapacidad es sinónimo de exclusión total del sistema productivo.
Salud a la deriva: Chau Nomenclador, hola Ley de la Selva
Pero el golpe de gracia viene por el lado de la salud. El proyecto busca eliminar el Nomenclador Nacional, esa herramienta que hoy garantiza que las prestaciones tengan un piso mínimo de calidad y aranceles homogéneos en todo el país.
Al “desregular” la negociación con obras sociales y prepagas, el Gobierno deja a los pacientes a merced de la voluntad de las corporaciones. Si no hay un precio fijado por el Estado, las prestadoras podrán pagar lo que quieran o, peor aún, dejar de brindar el servicio si no les resulta rentable. La salud deja de ser un derecho para transformarse, otra vez, en un negocio de pocos.
Un ajuste que no se detiene
Como si fuera poco, el proyecto también:
- Elimina la actualización automática trimestral por IPC, condenando a las pensiones a perder contra la inflación galopante.
- Suprime el beneficio por zona desfavorable, castigando doblemente a quienes viven en los rincones más alejados de la Patria.
- Fija el monto en un miserable 70% de la jubilación mínima, un número que apenas alcanza para sobrevivir unos días.
El oficialismo eligió el Senado para dar el zarpazo, creyendo que allí tienen los números para avanzar sobre los derechos de los que menos tienen. ¿Qué harán los “socios” del Gobierno? ¿Mirarán para otro lado mientras desguazan la protección social en Argentina?
Desde las organizaciones de personas con discapacidad ya se declaran en alerta y movilización. No es solo una ley, es un ataque directo al corazón de la dignidad humana. Porque para este Gobierno, si no producís, no existís.
