Tras haber consumado la privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay, la gestión actual acelera a fondo para entregar el control del Canal Martín García a manos extranjeras. En un escenario de crisis absoluta, el Gobierno ignora los intereses estratégicos del país y avanza en una licitación que pone en riesgo nuestra salida soberana al Atlántico.
La entrega de nuestros recursos naturales no tiene freno. Como si no fuera suficiente con haber hipotecado la Vía Navegable Troncal por los próximos 25 años, el Gobierno nacional, en absoluta connivencia con intereses foráneos, ha puesto la mira en el Canal Martín García, el corazón estratégico que conecta nuestra cuenca hidroviaria con el mundo.
Mientras la emergencia social se hace sentir en cada rincón de la Patria y las familias argentinas luchan por llegar a fin de mes, en los despachos oficiales se celebran contratos millonarios que, lejos de beneficiar al pueblo, consolidan un modelo de colonia extractivista.
Los mismos de siempre: el reparto del botín
Según consta en el Boletín Oficial, el proceso de licitación para el dragado y ensanche del canal —la verdadera arteria vital de nuestro comercio exterior— está en su fase final. Solo dos oferentes quedaron en pie: Jan De Nul, la empresa belga que hace apenas una semana se quedó con el control total de la Hidrovía, y Boskalis International Uruguay.
La descalificación de la firma china CHEC Dredging, bajo excusas técnicas sobre la antigüedad de sus equipos, no hace más que dejar el camino libre para que un puñado de corporaciones extranjeras se repartan, una vez más, el manejo de nuestras riquezas. La apertura de los sobres económicos, pactada para este próximo 25 de junio, es el último paso para sentenciar la soberanía de nuestros ríos.
Un negocio de espaldas al pueblo
El discurso oficial intenta vender espejitos de colores, prometiendo baja de costos logísticos y supuestas inversiones, mientras los grandes grupos exportadores aplauden la medida. Sin embargo, lo que se esconde detrás de esta “modernización” es el vaciamiento del control estatal.
El contrato, que será por cinco años con posibilidad de prórroga, garantiza la continuidad de un negocio del que el Estado argentino se desprende, renunciando a su rol regulador y dejando que el capital extranjero dicte las reglas en una zona fundamental para la seguridad y el flujo de nuestras exportaciones.
La Patria está en juego
La entrega es total. En la Hidrovía, donde sale el 80% de nuestra riqueza agrícola, el Gobierno ya dio vía libre a un consorcio privado que operará sin controles reales. Ahora, al avanzar sobre el Canal Martín García, se termina de cercar nuestra capacidad de maniobra sobre el Río de la Plata.
¿Quién le pone un freno a este desguace? Mientras el Gobierno brinda con los lobistas de siempre, la realidad es que nuestras vías navegables, nuestras fuentes de trabajo y nuestra soberanía nacional están siendo liquidadas en tiempo récord. Argentina no se vende, pero a este paso, no va a quedar nada por defender.
