La Libertad Avanza logró aprobar la reforma sobre propiedad privada, pero llegó a la votación con un proyecto recortado y debió abandonar dos de sus capítulos más polémicos. El oficialismo volvió a exhibir dificultades para imponer su agenda completa en el Congreso.
El Gobierno de Javier Milei volvió a encontrarse con un límite político en el Senado. La llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada consiguió avanzar en la Cámara alta, pero lo hizo después de que La Libertad Avanza tuviera que retroceder sobre puntos centrales de su propuesta. Primero quedó afuera la modificación vinculada con la venta de tierras a extranjeros y, cuando la sesión entraba en su tramo decisivo, también cayó el intento de modificar la Ley de Manejo del Fuego.
El resultado dejó una fotografía incómoda para la Casa Rosada. Aunque el oficialismo pudo mostrar una victoria legislativa en la votación general, el proyecto que salió del Senado quedó bastante lejos de aquella iniciativa más ambiciosa con la que había comenzado la discusión. La reforma terminó aprobándose por 37 votos afirmativos contra 33 negativos, pero después de negociaciones, cambios y retrocesos que expusieron nuevamente las dificultades del Gobierno para construir una mayoría estable.
EL FUEGO MARCÓ OTRO FRENO PARA EL OFICIALISMO
Uno de los puntos que encendió la discusión fue el intento de cambiar las restricciones que actualmente pesan sobre tierras afectadas por incendios. Finalmente, ese capítulo fue retirado y seguirán vigentes los bloqueos durante 30 o 60 años, según cada caso, para impedir modificaciones en el uso de esos terrenos después de un incendio.
La discusión no fue menor. Desde sectores opositores advirtieron que modificar esas protecciones podía comprometer recursos naturales estratégicos y generar un retroceso ambiental. Incluso dirigentes que acompañaban otros puntos de la iniciativa marcaron diferencias con el capítulo referido al fuego, lo que terminó dejando al oficialismo sin el respaldo necesario para sostenerlo.
Para una administración que suele presentar cada reforma como parte de una transformación estructural del país, tener que retirar un capítulo minutos antes de una votación decisiva expuso un problema político concreto: el Gobierno puede impulsar proyectos, pero no siempre consigue que el Congreso los apruebe como fueron diseñados.
La oposición peronista aprovechó esa debilidad para cuestionar con dureza la forma en que se condujo el debate. Durante la sesión se denunciaron sucesivas modificaciones del proyecto y la circulación de nuevos textos poco antes del tratamiento parlamentario. La crítica apuntó directamente contra una metodología legislativa atravesada por cambios de último momento y negociaciones contrarreloj.
DESALOJOS MÁS RÁPIDOS Y CAMBIOS EN LAS EXPROPIACIONES
Lo que sí sobrevivió del proyecto incluye modificaciones importantes en materia de expropiaciones y desalojos. La iniciativa establece criterios más restrictivos para declarar la utilidad pública de un bien y modifica aspectos relacionados con la determinación de las indemnizaciones.
En materia de alquileres, el texto mantiene que, cuando exista falta de pago en una vivienda, el propietario deberá intimar previamente al inquilino y otorgarle un plazo mínimo de diez días corridos para cancelar la deuda. Cumplido ese período, podrá iniciarse la acción judicial de desalojo mediante el procedimiento más breve previsto por la legislación.
También se establecen mecanismos acelerados para determinados casos de ocupación de inmuebles. Para el oficialismo, estas reformas buscan reforzar la protección de la propiedad privada; para sus críticos, el desafío será comprobar cómo funcionarán esas herramientas cuando lleguen a situaciones concretas atravesadas por una realidad social cada vez más compleja.
UNA VICTORIA QUE DEJÓ AL DESCUBIERTO LAS GRIETAS
El Gobierno seguramente buscará exhibir la aprobación como un triunfo. Sin embargo, detrás del número final quedó una historia bastante más complicada. La Libertad Avanza necesitó aliados, modificó el proyecto repetidas veces y terminó sacrificando dos cuestiones que habían ocupado un lugar relevante dentro de la discusión: las tierras extranjeras y el régimen posterior a los incendios.
Ese recorrido vuelve a colocar al oficialismo frente a una realidad que el discurso presidencial muchas veces intenta minimizar: en el Congreso no alcanza con anunciar reformas ni con subir el tono. Hay que conseguir votos, sostener acuerdos y evitar que las propias iniciativas se desarmen mientras avanzan por el recinto.
Mientras millones de argentinos siguen pendientes del alquiler, de llegar a fin de mes y de una economía que golpea diariamente el bolsillo, el Senado discutió durante horas un paquete de reformas sobre propiedad, desalojos y expropiaciones. En ese escenario, cada modificación legal deja de ser una discusión abstracta y puede terminar impactando sobre familias concretas.
Milei consiguió que una parte de su proyecto siguiera caminando hacia Diputados. Sin embargo, el precio político fue evidente: otra vez la Casa Rosada tuvo que retroceder, borrar capítulos y aceptar que su voluntad original no alcanzaba para atravesar el Congreso sin resistencia.
La ley avanzó. El Gobierno también cedió. Y en una Argentina atravesada por tensiones económicas y sociales, esa diferencia política está lejos de ser un detalle.
