Las facultades de todo el país amanecieron este martes con sus persianas bajas, aulas en penumbras y pasillos en absoluto silencio. La huelga convocada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales paraliza las actividades académicas, de investigación y administrativas en las 57 universidades públicas de la Argentina. La medida responde al deterioro terminal de los haberes docentes y no docentes tras meses de actualizaciones salariales unilaterales dictadas por el Ministerio de Capital Humano, que con aumentos mensuales del 2% al 3% consolidaron una pérdida del poder adquisitivo superior al 35% en lo que va del año.
Más de la mitad del cuerpo de investigadores, profesores adjuntos y auxiliares percibe salarios que los ubican técnicamente por debajo de la línea de pobreza, una situación que generó un éxodo creciente de profesionales calificados hacia el sector privado o hacia el exterior, interrumpiendo cátedras y proyectos científicos estratégicos para el desarrollo nacional.
La estrategia de asfixia presupuestaria
El reclamo de la comunidad universitaria no se limita a la cuestión salarial. Los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) volvieron a alertar sobre la inviabilidad de sostener los gastos operativos elementales de los edificios: pago de luz, gas, servicios de limpieza y reactivos de laboratorio para carreras científicas e ingenierías. Aunque el Poder Ejecutivo habilitó partidas parciales para gastos de mantenimiento, esos giros apenas cubren un porcentaje ínfimo de los incrementos tarifarios aplicados por la desregulación de la Secretaría de Energía.
Desde los despachos oficiales, la respuesta a la crisis ha sido una campaña sistemática de estigmatización contra las casas de estudio, acusándolas de “antros de adoctrinamiento” y prometiendo auditorías que en la práctica funcionan como trabas burocráticas para justificar el recorte. La negativa a discutir un convenio colectivo de trabajo con financiamiento real evidencia la voluntad política de vaciar la educación superior pública para empujar a los estudiantes hacia el circuito arancelado privado.
De Juan Perón a la resistencia federal
La gratuidad universitaria, promulgada el 22 de noviembre de 1949 por el general Juan Domingo Perón a través del Decreto 29.337, eliminó los aranceles y transformó a la Argentina en el país con mayor democratización del conocimiento en toda América Latina. Esa matriz social, que permitió a generaciones enteras de familias obreras alcanzar un título universitario y construir movilidad social ascendente, es la que hoy se encuentra bajo fuego cruzado por un modelo que concibe a la educación no como un derecho humano, sino como un gasto fiscal prescindible.
Lejos de aislar a los gremios, la ofensiva libertaria ha vuelto a aglutinar a centros de estudiantes, federaciones docentes, científicos del CONICET y a la sociedad civil. Las asambleas realizadas en facultades de la UBA, La Plata, Córdoba, Rosario, Tucumán y Cuyo resolvieron confluir en una nueva Marcha Federal Universitaria, con el objetivo de llevar al Congreso el reclamo por una ley de financiamiento que blinde a la educación superior frente a la motosierra del Ejecutivo.
La soberanía no se remata
Un país que resigna la formación de sus profesionales y liquida su capacidad científica renuncia a su destino soberano. La universidad pública no es una carga presupuestaria: es el motor que produce la biotecnología para el campo, los ingenieros que operan las represas y los yacimientos energéticos, y los médicos que atienden a los trabajadores en cada rincón de la Patria. La jornada de paro nacional de este 22 de septiembre no es una simple disputa salarial corporativa: es una trinchera en defensa del futuro de la Argentina frente a un proyecto colonial que busca mano de obra barata y sumisión cultural.
