El titular de la Cámara de Diputados reconoció que el oficialismo perdió la batalla de la opinión pública en educación pública, salud infantil y prestaciones por discapacidad. Detrás del argumento publicitario se esconde la desesperación libertaria ante el límite moral que la sociedad le puso a la motosierra.
En un arranque de inusual sinceridad forzada por la resistencia en las calles y los pasillos del Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, admitió lo que en los despachos de la Casa Rosada intentan maquillar a diario: el gobierno de La Libertad Avanza fue derrotado políticamente en los debates que tocan las fibras más sensibles de la vida nacional.
En declaraciones públicas, Menem reconoció que el oficialismo “perdió debates públicos” y señaló expresamente tres ejes: las universidades nacionales, el Hospital Garrahan y la política hacia las personas con discapacidad. Sin embargo, lejos de hacer un examen de conciencia sobre el impacto devastador del plan económico, el dirigente riojano optó por un clásico manual de autojustificación: culpó al kirchnerismo por “instalar una realidad paralela” y redujo la desolación de millones de compatriotas a una supuesta falta de “tacto o incisividad comunicacional”.
No es un problema de relato, es el desastre de la realidad
La tesis de Menem insulta la inteligencia popular. Reducir el rechazo masivo de la sociedad a un mero déficit de marketing revela la ceguera ideológica de una administración que mide el éxito institucional exclusivamente por el superávit financiero a costa del sufrimiento colectivo.
La realidad desmiente la excusa oficial en cada frente:
- Hospital Garrahan en pie de guerra: La crisis en el principal centro pediátrico del país no es una construcción discursiva. Es la consecuencia de la asfixia salarial de médicos, enfermeros y residentes que atienden a los niños más vulnerables de la Patria mientras el Poder Ejecutivo niega la recomposición presupuestaria.
- El ataque a la educación superior: Pretender que la movilización de millones de argentinos en defensa de las universidades públicas fue producto de un “malentendido” ignora el intento deliberado del Ejecutivo de desfinanciar el sistema científico, docente y edilicio con partidas que asfixian el futuro nacional.
- El ultraje a la discapacidad: El recorte indiscriminado de pensiones no contributivas, el corte en la cadena de pagos a transportistas y terapistas, y la paralización de tratamientos vitales rompieron cualquier barrera ética. Hasta los propios bloques aliados obligaron al oficialismo a redactar borradores de emergencia en la Cámara Baja para no quedar sepultados bajo el costo social de la medida.
La contradicción de la planilla de cálculo
Desde la óptica del peronismo doctrinario, la economía no puede ser un fetiche matemático desvinculado del bienestar de la persona humana. La doctrina social justicialista concibe al Estado como el articulador de la comunidad organizada, donde la salud y la educación son derechos inalienables y no gastos superfluos para agradar a fondos de inversión foráneos.
Martín Menem intenta borrar con la excusa de la comunicación lo que la motosierra de Javier Milei y Luis Caputo ejecuta con la firma de decretos y vetos presupuestarios. Cuando una madre no consigue el medicamento oncológico para su hijo, cuando un profesional de la salud debe buscar un segundo empleo para subsistir, o cuando un joven humilde ve amenazado su sueño universitario, el problema no es que el vocero presidencial comunique mal: el problema es que el modelo expulsa y descarta seres humanos.
El oficialismo descubre tarde que hay límites que la sociedad argentina no está dispuesta a negociar. El intento tardío de retroceder o matizar recortes no responde a un acto de generosidad libertaria, sino al miedo electoral de un gobierno que empieza a sentir en el recinto legislativo el peso inexorable del repudio popular.
