El desplome real del gasto vial supera el 66% y las obras de mantenimiento están frenadas en todo el territorio. Mientras viajar se vuelve una ruleta rusa y el transporte de mercaderías colapsa, el oficialismo desfinancia Vialidad Nacional para justificar concesiones a corporaciones privadas.
La denominada “motosierra” oficial ya no solo corta partidas previsionales y presupuestos de salud: ahora pulveriza el asfalto que une a la Argentina. Los datos oficiales de ejecución presupuestaria confirman un retroceso sin precedentes modernos: el gasto de capital destinado a la infraestructura pública nacional registra una contracción real superior al 80%, arrastrando a Vialidad Nacional a una parálisis casi absoluta con una caída del 66,7% en mantenimiento vial preventivo y correctivo.
El resultado es visible a simple vista al cruzar los límites de la Capital Federal: cráteres lunares en calzadas troncales, señalización borrada, banquinas desmoronadas y puentes sin mantenimiento elemental. Corredores estratégicos para la producción y el turismo —como las rutas 3, 9, 11, 34, 40 y 151— se han transformado en trampas mortales cotidianas para transportistas, colectivos de larga distancia y automovilistas.
El negocio detrás de la desidia
El abandono estatal no responde a una simple restricción de caja: forma parte de un diseño premeditado. El vaciamiento deliberado de la Dirección Nacional de Vialidad y la parálisis de más de 3.500 frentes de obra en todo el país configuran el terreno propicio para reflotar el esquema privatizador de la década del 90.
La estrategia de la Casa Rosada avanza en dos frentes que atentan contra el interés común:
- Concesiones a medida de corporaciones amigas: El Ejecutivo ya tiene en carpeta la reprivatización exprés de miles de kilómetros de corredores viales mediante peajes desregulados, donde los usuarios pagarán tarifas astronómicas por transitar sobre rutas que el propio Estado dejó caer a pedazos.
- Extorsión fiscal a las provincias: El intento de transferir la responsabilidad y el costo de mantenimiento a los gobiernos provinciales sin transferirles un solo peso de los fondos coparticipables o del impuesto a los combustibles, tributo que la Nación sigue recaudando pero que retiene en Balcarce 50 para inflar un superávit financiero ficticio.
El costo sobre la producción y la vida humana
Para la burguesía nacional, los productores agrarios y las pymes industriales del interior, el estado calamitoso de los caminos representa un sobrecosto logístico demoledor. Roturas constantes de neumáticos, amortiguadores y trenes delanteros, sumados al encarecimiento de los fletes por demoras y desvíos, erosionan cualquier margen de rentabilidad del trabajo argentino.
Pero el saldo más doloroso no se mide en balances contables, sino en vidas humanas. El incremento sostenido de siniestros viales graves en rutas sin demarcación ni banquinas transitables desnuda la insensibilidad de gobernar mediante una planilla de Excel desvinculada de la realidad social.
Soberanía territorial en jaque
Desde la perspectiva doctrinaria del justicialismo, un país sin caminos seguros es una nación desintegrada. La obra pública no es un gasto caprichoso: es inversión social dinamizadora del empleo formal, instrumento de integración geopolítica y pilar indispensable para que el fruto del esfuerzo federal llegue a los puertos y a los centros de consumo.
Paralizar las rutas argentinas bajo la excusa del déficit cero no es un acto de disciplina fiscal; es un atentado liso y llano contra la soberanía física del territorio, la seguridad de las familias trabajadoras y el desarrollo productivo de la Patria.
