Por Redacción Info del Plata
La dinámica fiscal que pregona la administración de Javier Milei ingresó en una fase de contracción compulsiva. De acuerdo con los datos consolidados de la Secretaría de Hacienda y los reportes de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el Gobierno nacional aplicó en el último mes una tijera adicional del 10% real interanual sobre el gasto primario del Sector Público Nacional.
La decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, no respondió a una optimización de procesos administrativos, sino a una orden de emergencia: compensar el deterioro de la recaudación tributaria. Con un consumo masivo que retrocede de manera ininterrumpida y una actividad fabril con caídas de dos dígitos, los ingresos fiscales derivados del IVA interno, el Impuesto a las Ganancias y los tributos vinculados al comercio exterior sufrieron una merma real que amenazaba con dinamitar la meta del superávit primario comprometida ante los acreedores externos.
Las partidas sacrificadas en el altar fiscal
Para sostener la ecuación contable exigida por los foros financieros, el Palacio de Hacienda descargó la reducción sobre renglones de alta sensibilidad social y productiva:
- Transferencias a provincias: Los giros no automáticos a las gobernaciones experimentaron un recorte que superó el 68% real interanual, paralizando planes sanitarios conjuntos, fondos de asistencia alimentaria y programas de seguridad locales.
- Obra pública paralizada: El rubro de gastos de capital acumuló una caída superior al 75%, dejando abandonadas obras de mantenimiento de rutas nacionales, tendidos de agua potable, cloacas y ampliaciones de redes eléctricas en el interior profundo.
- Subsidios al transporte y energía: Se ejecutó una poda drástica en las partidas compensatorias de tarifas para las provincias, obligando a los municipios y distritos a convalidar boletos de colectivo y cuadros de luz y gas que asfixian el salario de los trabajadores.
- Educación y Salud: Las partidas destinadas a programas de infraestructura escolar y compras centralizadas de medicamentos de alta complejidad registraron subejecuciones que promedian el 40% en términos reales.
“El Gobierno quedó atrapado en su propia trampa dogmática: para bajar la inflación provocó una recesión histórica; esa recesión destruyó la recaudación impositiva, y para tapar ese agujero no se les ocurre otra cosa que volver a pasar la motosierra sobre los servicios básicos del pueblo”, explicaron economistas de centros de estudio del trabajo.
La inviabilidad del superávit de cementerio
El recorte permanente sobre las funciones básicas del Estado desmiente la narrativa de saneamiento estructural. El superávit que festeja el oficialismo se explica fundamentalmente por el diferimiento de pagos a proveedores de energía (CAMMESA), el congelamiento de los haberes jubilatorios en niveles de subsistencia y la parálisis de la inversión en infraestructura básica.
Mientras el Gobierno celebra planillas contables en Washington y Wall Street, el territorio nacional padece el deterioro de su infraestructura vial, la asfixia presupuestaria de las provincias y el empobrecimiento sistemático de las familias que dependen del empleo directo e indirecto generado por la inversión pública.
