Por Redacción Info del Plata
Una densa columna de humo negro, gritos de desesperación y la rápida propagación de las llamas en uno de los sectores de internación del Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano, en el barrio porteño de Barracas, estuvieron a escasos minutos de desencadenar una catástrofe sin precedentes en la salud pública argentina. El siniestro, desatado en horas de la mañana, forzó la evacuación de emergencia de 52 pacientes mujeres, muchas de las cuales requirieron suministro directo de oxígeno e intervenciones de contención psiquiátrica urgente por crisis de pánico.
El operativo, que movilizó a más de diez dotaciones de Bomberos y un despliegue masivo del SAME, permitió controlar el foco ígneo y evitar muertes directas. Sin embargo, detrás de la labor heroica de médicos, enfermeros y bomberos que ingresaron al pabellón invadido por los gases tóxicos, asoma una realidad indisimulable: el colapso estructural y la desidia estatal derivada de un ajuste económico que tiene a la salud pública como blanco predilecto.
Testimonios del horror y fallas estructurales
De acuerdo con los reportes preliminares y las denuncias inmediatas formuladas por los delegados gremiales y el personal de planta, el fuego se habría originado a partir de un desperfecto en una instalación eléctrica sobrecargada y precaria, en un sector que venía requiriendo refacciones urgentes que jamás fueron autorizadas.
“Las paredes tenían humedad, los tableros no estaban renovados y los matafuegos no alcanzaban. Si este incendio ocurría en plena noche, hoy estábamos contando decenas de muertes de pacientes encerradas o desorientadas por su medicación”, relató con crudeza una enfermera del nosocomio tras colaborar en la evacuación hacia los patios internos. Las 52 pacientes, en situación de extrema vulnerabilidad psíquica y física, quedaron temporalmente a la intemperie mientras se evaluaban los daños en la infraestructura.
El desfinanciamiento sanitario del gobierno de Milei
Aunque el Hospital Moyano opera bajo la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, el siniestro no puede disociarse de la política sanitaria nacional impuesta por la administración de Javier Milei. Desde su asunción, el Poder Ejecutivo Nacional cortó de cuajo las partidas presupuestarias para la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental, paralizó el envío de fondos para obras de infraestructura hospitalaria y eliminó programas de transferencias directas de insumos críticos para la red de salud.
La doctrina de la motosierra y el déficit cero opera como una pinza asfixiante sobre todo el sistema público. Cuando la Casa Rosada corta el financiamiento sanitario federal, los distritos trasladan el ajuste hacia los sectores que menos capacidad de presión tienen: la salud mental, los pacientes crónicos y las instituciones psiquiátricas. Mientras el presidente celebra balances financieros en foros empresariales, los hospitales públicos subsisten con cables pelados, techos rotos y personal con salarios de indigencia.
Descarte humano versus comunidad organizada
El Hospital Moyano alberga a mujeres que, en su gran mayoría, han sido abandonadas por sus familias o carecen de recursos económicos mínimos para costear un tratamiento privado. Para la cosmovisión anarcocapitalista, que juzga el valor de una persona según su capacidad de generar rentabilidad en el mercado, estas mujeres representan un “costo improductivo”.
Para el pueblo argentino y la tradición humanista, en cambio, la forma en que una sociedad cuida a sus enfermos mentales define su calidad moral. Lo ocurrido en Barracas es un toque de campana definitivo: el abandono planificado del Estado mata. No hubo una tragedia peor únicamente por la entrega del personal sanitario que arriesgó su propia vida para sacar a las pacientes del fuego. Es urgente frenar el desguace presupuestario antes de que el ajuste libertario termine consumando la masacre que esta mañana estuvo a punto de ocurrir.
