Por Redacción Info del Plata
El manual de la especulación financiera acaba de escribir su capítulo más riesgoso en lo que va del mandato libertario. A través de una serie de circulares normativas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), coordinadas minuciosamente con el Palacio de Hacienda que conduce Luis Caputo, el sistema financiero quedó habilitado para prestar hasta un 15% de sus depósitos en dólares a empresas que no generan divisas genuinas, no exportan un solo tornillo y tienen la totalidad de su facturación atada al peso argentino.
La disposición oficial no solo pulveriza los criterios prudenciales básicos vigentes desde la salida de la convertibilidad en 2002 —cuyo objetivo era impedir que los bancos presten divisas a sectores sin cobertura natural contra el tipo de cambio—, sino que además relaja los requerimientos de garantías reales, allanando el camino para que empresas en situación de estrés financiero tomen deuda en moneda dura para pagar sueldos, cubrir cheques o abonar tarifas de servicios públicos.
El retorno del descalce: la trampa de Martínez de Hoz
La maniobra no tiene nada de novedosa para la memoria productiva nacional: es la reedición exacta del mecanismo de endeudamiento inducido que ejecutó José Alfredo Martínez de Hoz a fines de los años setenta y que Domingo Cavallo profundizó durante los noventa. El esquema funciona como una pinza letal. Por un lado, el Gobierno mantiene anclado artificialmente el tipo de cambio oficial para mostrar un descenso forzado de la inflación; por el otro, seca la plaza de pesos, elevando las tasas en moneda local a niveles prohibitivos para cualquier comerciante o industrial de barrio.
Atrapadas por la caída vertical de las ventas, la asfixia crediticia en moneda local y los tarifazos energéticos, las pequeñas y medianas empresas son empujadas a financiarse en dólares a tasas que en apariencia lucen bajas frente a la tasa en pesos. Sin embargo, el veneno está en la estructura del balance: cuando el atraso cambiario se torne insostenible y sobrevenga la corrección cambiaria inevitable, los ingresos de las firmas seguirán en pesos devaluados, mientras sus pasivos bancarios se habrán multiplicado en moneda extranjera.
Destruir a la burguesía nacional para rematar activos
La apertura de este grifo no responde a una demanda de inversión del sector real, sino a la desesperación del Ministerio de Economía por evitar que los dólares estacionados en el sistema financiero abandonen las entidades bancarias. Se busca recrear una sensación ficticia de reactivación mediante crédito caro en divisas, sin importar el costo patrimonial que pagarán las unidades productivas.
Los dirigentes de las cámaras metalúrgicas, textiles, del calzado y del comercio minorista advierten que el verdadero desenlace de este descalce de monedas es la liquidación de la burguesía nacional. Cuando las cuotas dolarizadas se tornen impagables, los bancos y los fondos acreedores ejecutarán las maquinarias, los galpones y los inmuebles de los empresarios argentinos a precio de remate, concentrando aún más la economía en manos de monopolios foráneos.
El peronismo frente al espejismo financiero
Para la doctrina justicialista, el crédito público y bancario no es un instrumento de subordinación ni un negocio para la intermediación usuraria: es la palanca fundamental para dotar de capital de trabajo a la industria, tecnificar los talleres y sostener salarios dignos. Financiar el giro corriente de empresas no exportadoras en dólares es una aberración técnica y una felonía política contra el aparato productivo de la patria.
La medida evidencia la bancarrota moral de un modelo que predica la libertad de mercado mientras construye trampas financieras para someter a los productores argentinos. Desde Info del Plata advertimos lo que la propaganda oficial oculta: endeudarse en dólares facturando en pesos es el camino más directo al cementerio industrial. La salvación de la economía no vendrá de la bicicleta cambiaria de Caputo, sino de la reconstrucción urgente del mercado interno, la defensa de la industria nacional y la restitución del poder adquisitivo de los trabajadores argentinos.
