Por Redacción Info del Plata
El andamiaje represivo del gobierno nacional acaba de sufrir una derrota jurídica de proporciones mayúsculas. A través de una contundente resolución cautelar dictada en el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de la Provincia de Buenos Aires, la Justicia frenó de manera inmediata la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, declarando inaplicable la reciente reglamentación impulsada por la Casa Rosada por violar flagrantemente la Constitución Nacional, el principio de progresividad de los derechos humanos y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
El dictamen desarticula la principal bandera discursiva con la que el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pretendían inaugurar una nueva etapa de persecución punitiva: transformar a los adolescentes de los barrios más vulnerables del país en chivos expiatorios de una crisis de inseguridad que tiene su raíz directa en la recesión económica y el retiro planificado del Estado.
Un freno contundente al show punitivo
El pronunciamiento judicial respondió a un amparo colectivo interpuesto por organismos de derechos humanos, defensores públicos de menores y entidades de protección integral de la niñez. En sus considerandos centrales, el tribunal remarcó que el Estado argentino no puede retroceder legislativamente en los estándares de protección y garantías procesales ya consolidados en el ordenamiento jurídico nacional e internacional.
Para los magistrados intervinientes, la pretensión oficial de someter a niños de 14 y 15 años al sistema carcelario común o a regímenes de encierro punitivo sin contar con infraestructura pedagógica, dispositivos de salud mental ni garantías de reinserción social constituye una aberración jurídica que atenta contra el interés superior del niño y expone a la República Argentina a severas sanciones internacionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Desfinanciar la escuela para llenar las cárceles
La maniobra gubernamental que la Justicia acaba de frenar no puede disociarse de la orientación general del modelo libertario. Mientras el Ministerio de Capital Humano mantiene recortadas las partidas para comedores populares, congela los fondos para la infraestructura escolar, elimina programas de contención juvenil y condena a más del 60% de los pibes de los conglomerados urbanos a subsistir por debajo de la línea de pobreza, el Poder Ejecutivo pretendía exhibir la construcción de pabellones carcelarios juveniles como su único “logro” en materia de seguridad.
La ecuación de la motosierra es perversa: cuando el Estado abandona la inversión en educación técnica, clubes de fomento barriales, becas de terminalidad escolar y creación de empleo genuino para los padres de familia, la consecuencia inevitable es el avance territorial de las redes delictivas complejas sobre la juventud excluida. En lugar de perseguir el lavado de dinero narco, el tráfico de armas o las zonas liberadas por las cúpulas policiales, el oficialismo prefirió montar un espectáculo de crueldad contra los eslabones más débiles de la sociedad.
La doctrina justicialista frente al punitivismo salvaje
El fallo de la Justicia bonaerense sienta un precedente de alcance nacional y le marca un límite institucional insoslayable a la prepotencia de los decretos centralistas. La seguridad ciudadana en un país soberano no se construye apilando adolescentes en comisarías hacinadas ni importando recetas penales fracasadas del extranjero; se conquista recomponiendo la dignidad del hogar trabajador y asegurando que cada pibe de la patria tenga una vacante escolar, un plato de comida caliente y un futuro laboral en su tierra.
Para el movimiento popular y los sectores comprometidos con la vigencia de los derechos humanos, la resolución judicial representa una victoria estratégica en la defensa de las futuras generaciones. El gobierno de Milei y Bullrich deberá rendir cuentas en el Congreso y ante los tribunales: la niñez argentina no será la moneda de cambio para compensar el derrumbe de un modelo de hambre y desocupación.
