Por Redacción Info del Plata
La obsesión del gobierno de Javier Milei por exhibir un superávit financiero intocable frente al Fondo Monetario Internacional y los fondos de inversión de Wall Street acaba de cobrarse su víctima más indefensa: los jubilados y pensionados argentinos. Los números oficiales de ejecución presupuestaria de la Secretaría de Hacienda confirmaron un recorte brutal sobre las partidas del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), equivalente a casi el 50% de los recursos reales proyectados para garantizar la cobertura sociosanitaria de más de cinco millones de afiliados.
La maniobra, ejecutada con frialdad contable por el ministro Luis Caputo, consistió en el bloqueo deliberado de transferencias del Tesoro Nacional y el desvío de afectaciones específicas de impuestos que por ley correspondían al financiamiento de la mayor obra social de América Latina.
El desvío de fondos y el colapso prestacional
El impacto del tijeretazo presupuestario ya se percibe con violencia en el mostrador de las farmacias y en las salas de espera de los sanatorios prestadores. Según advirtieron desde cámaras farmacéuticas y asociaciones de clínicas privadas, los plazos de pago del PAMI sufrieron una dilatación asfixiante que supera los 90 días, acumulando deudas multimillonarias que tornan inviable la reposición de drogas importadas, insumos quirúrgicos y medicamentos oncológicos o de alto costo.
El vademécum de medicamentos gratuitos al 100%, una de las conquistas sociales más sensibles para proteger el bolsillo de quienes perciben jubilaciones mínimas pulverizadas por la devaluación y la inflación, comenzó a sufrir podas selectivas, bajas de moléculas de primera línea y trabas burocráticas insalvables para la autorización de tratamientos cardiovasculares y metabólicos crónicos.
Superávit a costa del hambre y la salud
El relato oficial intenta maquillar la poda presentándola como una supuesta “auditoría contra intermediarios y gastos improductivos”. Sin embargo, los expedientes revelan que el ajuste no se dirige a corregir ineficiencias administrativas, sino a vaciar la caja asistencial para absorber pesos y sostener la bicicleta financiera de la City porteña.
El jubilado que cobra una mínima que no llega a cubrir la canasta básica de supervivencia ahora debe decidir entre comer o pagar los medicamentos que el Estado le retira. La lógica es de una crueldad explícita: se utiliza la salud de los más débiles como variable de ajuste macroeconómico. Mientras las corporaciones energéticas, los bancos y los grandes monopolios agroexportadores reciben exenciones fiscales, desregulaciones y rentabilidades extraordinarias, a los ancianos que trabajaron y aportaron durante 40 años se les niega un antibiótico o una pastilla para la presión.
Desamparo y resistencia en las provincias
En las delegaciones del interior del país la situación es desesperante. En provincias donde el PAMI representa el único sostén de la salud privada y municipal, las clínicas han comenzado a reprogramar cirugías, suspender turnos de especialistas y cobrar copagos ilegales para evitar la quiebra inminente de sus servicios de guardia.
Para el pueblo argentino y las organizaciones de jubilados, el límite moral de la paciencia ha sido rebasado. La salud no es una mercancía transable en una bolsa de comercio ni un subsidio sujeto al capricho de un ministerio: es un derecho inalienable forjado en la historia de la patria. El intento de desmantelar la seguridad social para convertirla en un sistema residual para indigentes chocará de frente con la memoria y la dignidad de un pueblo que no acepta la condena a muerte silenciosa de sus mayores.
