Por Redacción Info del Plata
Calles céntricas donde antes bullía la actividad cotidiana hoy exhiben un paisaje desolador: vidrieras tapadas con papel de diario, carteles oxidados de “Se Alquila” y persianas metálicas que cayeron para no volver a levantarse jamás. Los relevamientos de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y federaciones económicas del interior del país confirmaron una sangría que alarma a las provincias: en plazas comerciales clave como Paraná, Concordia, Rafaela y el corredor bonaerense, más de un centenar de comercios cerraron sus puertas de forma definitiva, empujando la tasa de locales desocupados por encima del 15%.
La postal no es un accidente de mercado ni una “depuración natural” de la competencia: es la consecuencia directa, quirúrgica y planificada del programa de recesión inducida que conducen Javier Milei y Luis Caputo desde la Casa Rosada.
La pinza letal: tarifazos salvajes y bolsillos secos
Los comerciantes medianos y chicos de las provincias no se funden por falta de vocación productiva ni por retraso tecnológico; los quiebra un estrangulamiento de dos vías. Por un lado, la caída libre del consumo masivo. Con salarios pulverizados, paritarias pisadas por el Ministerio de Economía y jubilaciones de indigencia, las familias argentinas redujeron sus gastos a lo estrictamente biológico para sobrevivir. En rubros como calzado, indumentaria, ferretería, juguetería y librerías, las ventas se desplomaron entre un 20% y un 35% real en términos interanuales.
Por el otro lado, los costos fijos se tornaron confiscatorios. Las facturas de energía eléctrica con incrementos que superan el 400%, el gas desregulado y los alquileres comerciales indexados bajo esquemas salvajes tras la derogación legal volvieron inviable cualquier balance. Un pequeño comerciante que debe destinar dos millones de pesos mensuales sólo para pagar la luz y el alquiler, con un mostrador al que ingresan dos clientes por día, no tiene margen de resistencia.
Destrucción de la burguesía nacional
El relato oficial, que celebra en la televisión porteña supuestos éxitos macroeconómicos y bajas artificiales de la inflación a costa de la parálisis total de la economía real, ignora con crueldad deliberada la tragedia del interior. Cada persiana que baja es una familia expulsada a la incertidumbre, son empleados de mostrador que pierden su sustento y proveedores locales que se quedan sin cobrar.
La denominada burguesía nacional —aquellos comerciantes, pequeños industriales y emprendedores que no fugan divisas al exterior, sino que reinvierten hasta su último centavo en la patria— está siendo deliberadamente aniquilada. En el dogma del libre mercado profesado por la gestión libertaria, el capital productivo autóctono sobra: el modelo económico sólo reserva rentabilidad para el sector financiero transnacional, las cerealeras exportadoras concentradas y las empresas extractivistas extranjeras.
El llamado de alerta desde las provincias
Desde las federaciones mercantiles del interior la advertencia es categórica: si el gobierno no restituye de inmediato el poder adquisitivo de los salarios, subsidia las tarifas energéticas para el sector pyme y reactiva el crédito a la producción, el cementerio de locales vacíos se duplicará antes de fin de año.
Para el movimiento popular y la doctrina justicialista, la ecuación es transparente: gobernar es crear trabajo y dignificar al que produce. Sin mercado interno no hay industria; sin salarios justos no hay mostrador que venda; y sin burguesía nacional no hay soberanía posible. Las calles desiertas del interior no marcan el éxito de ningún superávit: son el testimonio irrefutable del fracaso de un modelo que hambrea al pueblo para engordar a los buitres de la especulación.
