Por Redacción Info del Plata
El caso Guadalupe Lucero, la herida abierta que desgarra a la sociedad argentina desde hace más de cinco años, sumó en las últimas horas un capítulo de extrema crudeza e indignación popular. Por orden del Juzgado de Garantías y a requerimiento del Ministerio Público Fiscal de San Luis, la Policía provincial detuvo a Roque Lucero, abuelo de la pequeña de 5 años desaparecida el 14 de junio de 2021, acusado formalmente de abuso sexual calificado en una causa conexa que investiga delitos contra la integridad de menores.
La captura del imputado reactivó de inmediato las alarmas sociales sobre el círculo íntimo y los entramados que rodearon la desaparición de Guadalupe en el barrio 544 Viviendas de la capital puntana, un laberinto judicial caracterizado por pistas falsas, rastrillajes tardíos, negligencia pericial y una inercia burocrática que jamás dio con el paradero de la niña.
Los detalles de la imputación judicial
La detención de Roque Lucero se produjo tras una serie de denuncias y peritajes psicológicos que derivaron en la orden de captura inmediata por parte de las autoridades judiciales de San Luis. El hombre fue trasladado bajo estricta custodia a dependencias penitenciarias provinciales y deberá prestar declaración indagatoria en las próximas horas ante la fiscalía interviniente.
Aunque fuentes de la causa intentaron en un primer momento desligar este expediente de la investigación central por la desaparición de Guadalupe —radicada en el fuero federal por la presunción de trata de personas—, la gravedad de los hechos imputados vuelve a colocar bajo la lupa las omisiones estructurales, los pactos de silencio y la falta de peritajes exhaustivos en el entorno familiar durante los primeros y determinantes meses de la búsqueda.
El desguace de las áreas de búsqueda y la doctrina del abandono
Este escándalo de degradación moral y judicial no ocurre en el vacío. Se inscribe en un escenario nacional donde el gobierno de Javier Milei ha decidido desmantelar, desfinanciar y degradar todos los dispositivos estatales destinados a la contención de las infancias en situación de vulnerabilidad y al rastreo de personas extraviadas.
El vaciamiento deliberado del Sistema Federal de Búsqueda de Personas (SIFEBU), el recorte feroz sobre los gabinetes interdisciplinarios de asistencia a las víctimas de violencia sexual y la reducción del presupuesto de las fuerzas federales a tareas represivas callejeras en lugar de investigación criminal compleja han dejado a las familias trabajadoras a merced de la absoluta intemperie. La doctrina libertaria, que concibe a las relaciones humanas como meros contratos de mercado y rechaza la intervención estatal, se traduce en los barrios humildes en desamparo, orfandad institucional y una justicia que llega siempre tarde o desarticulada.
Guadalupe y la deuda con las infancias de la patria
A más de cinco años de aquella tarde en que Guadalupe jugaba a las escondidas en la vereda y nunca más volvió, la detención de su abuelo es una puñalada más para el pueblo argentino que no olvida su rostro. Expone con dolor lacerante que, cuando el Estado renuncia a su rol de garante de la vida y la integridad física de sus ciudadanos, los monstruos avanzan y los más vulnerables pagan con su vida o su inocencia.
Desde los sectores del trabajo, los movimientos sociales y los defensores de los derechos de las niñeces se exige que no haya pactos de impunidad ni desvíos políticos: es urgente que la Justicia determine de manera transparente e inapelable las responsabilidades del detenido y que el Estado nacional restablezca de inmediato los recursos indispensables para saber qué pasó y dónde está Guadalupe Belén Lucero.
