Por Redacción Info del Plata
El drama de no tener un techo propio en la Argentina de la desregulación libertaria alcanzó su punto más crítico. Al cumplirse un nuevo ciclo de vencimientos bajo las reglas impuestas por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, la supuesta “reactivación de la oferta” celebrada por la Casa Rosada y las cámaras inmobiliarias muestra su verdadero rostro: un proceso masivo y silencioso de expulsión de familias trabajadoras que ya no pueden renovar sus contratos ni sostener los ajustes bimestrales acumulados frente a salarios congelados.
Los relevamientos de la Federación de Inquilinos Nacional y organizaciones de inquilinos de todo el país confirman un fenómeno alarmante: más del 40% de los hogares inquilinos no logran renovar sus locaciones y deben recurrir a mudanzas forzosas a zonas periféricas, hacinarse en piezas o volver al techo de padres y abuelos.
La trampa contractual: ajustes cortos e ingresos pisados
La letra chica de los contratos que se firman en la actualidad desnuda la absoluta asimetría de fuerzas que el gobierno nacional convalidó al derogar el marco legal tutelar. Con plazos reducidos a uno o dos años, la norma habitual impuesta por el mercado establece indexaciones bimestrales o trimestrales atadas a la inflación acumulada (IPC) o a la evolución mayorista (IPIM), en un contexto donde las paritarias laborales y los haberes jubilatorios permanecen pisados por el Ministerio de Economía.
El resultado es aritméticamente letal para el bolsillo popular: mientras el costo del alquiler y las expensas aumentan a ritmo del índice de precios desregulado, los ingresos reales de los trabajadores del sector público, privado y de las pequeñas y medianas empresas corren muy por detrás. En las principales ciudades del país —Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza y Mar del Plata— un departamento estándar de dos ambientes exige hoy entre 450.000 y 650.000 pesos mensuales sin contar expensas, luz, agua ni gas. Si se suman los gastos de renovación, sellados, depósitos y comisiones que las inmobiliarias vuelven a cobrar de manera desmedida, una familia necesita desembolsar más de un millón y medio de pesos en mano sólo para entrar a vivir.
Desalojos sin orden judicial: la expulsión por asfixia
A diferencia de los desalojos tradicionales, que involucran resoluciones judiciales y la fuerza pública, el gobierno de Javier Milei consagró la figura del “desalojo económico o silencioso”. No hace falta que un juez firme un lanzamiento: alcanza con que la inmobiliaria notifique un aumento del 100% o exija pagos nominados en moneda extranjera para que el trabajador deba entregar las llaves de su hogar de manera inmediata.
Las defensorías del pueblo registran un salto vertical en las denuncias por cláusulas ilegales y extorsivas: firmas de pagarés en blanco, renuncias forzadas al derecho de reclamo edilicio por falta de agua o gas, y penalidades usurarias por rescisión anticipada. El inquilino quedó reducido a una condición de total indefensión jurídica, privado de la posibilidad de litigar frente a corporaciones inmobiliarias con asesoramiento letrado corporativo.
El peronismo frente a la vivienda como derecho social
El relato oficial intenta naturalizar este escenario afirmando que se trata de un simple “acuerdo entre privados” donde el inquilino tiene la libertad de rechazar el contrato. La falacia libertaria omite un principio básico: nadie puede elegir libremente si aceptar o no una condición usuraria cuando lo que está en juego es el techo donde duermen sus hijos.
Para la doctrina justicialista, la vivienda no es un activo financiero para el lavado de dinero o la especulación rentista, sino el núcleo sagrado donde se forja la dignidad de la familia argentina. Perón demostró que es función inexcusable del Estado intervenir para defender al débil frente a la voracidad del especulador, regular el precio de la tierra urbana y generar planes de crédito hipotecario accesibles para que el inquilino pase a ser propietario. El desguace de las políticas de hábitat por parte de la administración Milei constituye un acto de crueldad planificada que no resolverá la crisis habitacional; solo arrojará a más compatriotas a la marginalidad mientras celebra la ganancia de cuatro intermediarios.
