Por Redacción Info del Plata
La máscara de la austeridad libertaria y la supuesta “guerra contra la casta” acaba de sufrir un golpe irreversible en los tribunales federales de Comodoro Py. Peritajes complementarios e informes de trazabilidad financiera incorporados formalmente a la causa por sobornos y contrataciones directas irregulares en Tandanor (Talleres Navales Dársena Norte) certificaron el secuestro definitivo de 367.000 dólares estadounidenses en efectivo.
El dinero, dispuesto en fajos termosellados y oculto en cajas de seguridad de oficinas administrativas vinculadas a exautoridades designadas durante la gestión de Javier Milei, carece de cualquier comprobante contable, respaldo de ingresos tributarios o asiento formal dentro del balance de la empresa estatal.
El circuito de los retornos y el cobro de peajes marítimos
La pesquisa judicial, coordinada con divisiones especializadas en delitos económicos, reconstruyó la matriz delictiva: la exigencia sistemática de porcentajes en moneda dura a contratistas de reparaciones navales, proveedores de acero naval e insumos críticos para habilitar pagos o no rescindir contratos vigentes.
Aprovechando el torniquete financiero impuesto desde el Ministerio de Economía bajo la excusa del déficit cero, las autoridades intermedias montaron un cuello de botella artificial: la empresa que no pagaba el soborno quedaba afuera de las certificaciones del Syncrolift —la plataforma de elevación de buques más grande de la región— o veía congeladas sus liquidaciones durante meses.
El saldo comprobado hasta el momento arroja 367.000 dólares en billetes físicos incautados, teléfonos celulares peritados con mensajes explícitos sobre la distribución de las remesas y una cadena de responsabilidades que apunta a los despachos centrales del Ejecutivo.
Desguazar la industria naval para entregar el Atlántico Sur
Tandanor no es un edificio burocrático prescindible: es el complejo metalmecánico y de reparación naval neurálgico de la República Argentina. Desde la reparación mayor de patrulleros oceánicos de la Armada hasta el mantenimiento preventivo de buques pesqueros y barcazas que navegan la Vía Navegable Troncal, el astillero representa la capacidad concreta de la patria para sostener presencia en el Mar Argentino y en la Cuenca del Plata.
Sin embargo, desde el inicio del mandato libertario, la orden oficial fue reducir sus operaciones, suspender convenios estratégicos con la industria metalmecánica nacional y despedir obreros especializados con salarios depreciados. El argumento mediático era el de siempre: “el Estado gasta de más”. Los resultados de la Justicia federal demuestran lo contrario: no faltaba eficiencia productiva, sobraba codicia colonial. Paralizaron las gradas no para ahorrarle recursos al erario público, sino para desmantelar la capacidad soberana y convertir la administración naval en una cueva de recaudación ilícita.
Indagatorias inminentes y defensa del trabajo nacional
La fiscalía prepara los pedidos formales de indagatoria y la inhibición general de bienes para los exfuncionarios involucrados en esta matriz de cohecho, exacciones ilegales y administración infiel en perjuicio de la administración pública.
Desde los sindicatos navales, la comunidad productiva de pequeñas y medianas empresas proveedoras y el movimiento obrero organizado exigen que la investigación llegue hasta las máximas autoridades políticas que avalaron esas designaciones. La consigna en las gradas del puerto es unánime: la soberanía productiva no se entrega. Ningún relato de motosierra puede justificar que, mientras se le niega presupuesto al trabajo argentino, los dólares negros de la corrupción broten de los escritorios oficiales.
