La opacidad con la que el Ministerio de Economía y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) manejaron el envío de reservas en oro físico al extranjero derivó este martes en una ofensiva judicial y parlamentaria de proporciones. Diputados nacionales de la oposición ampliaron formalmente ante la Justicia Federal penal la denuncia contra el titular del BCRA, Santiago Bausili, por los presuntos delitos de defraudación contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La presentación judicial se apoya en la negativa sistemática del Directorio del Central a responder los pedidos formales de acceso a la información pública. Desde que se conocieron las primeras transferencias en vuelos comerciales hacia plazas europeas, las autoridades económicas evitaron detallar el volumen exacto extraído de las bóvedas del país, la aseguradora contratada, el costo de la operación, los destinos finales de custodia y, fundamentalmente, la finalidad operativa del movimiento.
EL CONGRESO EXIGE EXPLICACIONES EN VIVO
En paralelo a la causa judicial, ingresó por mesa de entradas de la Cámara de Diputados un proyecto de resolución para interpelar de manera urgente a Bausili en el recinto. Los bloques opositores reclaman que el funcionario dé la cara ante los representantes del pueblo argentino.
Entre los fundamentos del reclamo parlamentario se destaca una amenaza concreta: el riesgo de embargo derivado de los juicios millonarios que la República Argentina enfrenta en cortes extranjeras, como el fallo por la expropiación de YPF tramitado en el juzgado neoyorquino de Loretta Preska. En las bóvedas del Banco Central en territorio argentino, las reservas gozan de inmunidad soberana territorial; fuera del país, depositadas en entidades financieras internacionales o utilizadas como colateral en operaciones de repo financiero, quedan expuestas al apetito de fondos especulativos y buitres globales.
RETICENCIA Y BICICLETA FINANCIERA
Pese a los reiterados emplazamientos, el titular del Banco Central se limitó en las últimas semanas a justificar los movimientos bajo el pretexto técnico de “optimizar el rendimiento de los activos internacionales”. Sin embargo, ningún informe oficial precisó qué tasa de retorno genera dicha maniobra ni cuáles son las contrapartes intervinientes.
Para los especialistas y las organizaciones que acompañan la presentación penal, la maniobra encubre el intento desesperado de conseguir liquidez transitoria en dólares mediante operaciones de recompra con bancos extranjeros, hipotecando el activo de mayor calidad que posee la República para sostener artificialmente el esquema cambiario de la city porteña.
