La impunidad corporativa chocó de frente contra los controles soberanos en el extremo sur del país. En un operativo sin precedentes que requirió una orden judicial de allanamiento para franquear las tranqueras sobre la Ruta Provincial 39, el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz clausuró ocho sectores operacionales críticos de Cerro Negro, el yacimiento aurífero operado por Newmont, la corporación minera más grande del mundo.
Las actas labradas por la Secretaría de Trabajo y el Ministerio de Energía y Minería provincial constataron infracciones gravísimas que ponían en riesgo inminente la integridad física de cientos de operarios criollos. Entre las anomalías detectadas figuran camiones cisternas cargados de combustible ingresando más de 300 metros bajo tierra en galerías subterráneas sin la Revisión Periódica Obligatoria (RPO), fallas severas en los sistemas de medición de gases y ventilación, y la alerta máxima por un presunto derrame de cianuro que no fue informado con la celeridad exigida por los protocolos de seguridad ambiental.
EL FANTASMA DE LA TRAGEDIA Y EL APRIETE CORPORATIVO
El celo en las inspecciones provinciales no es caprichoso: en abril de 2024, dos trabajadores perdieron la vida en el interior de las galerías de Cerro Negro por inhalación de gases tóxicos, una causa penal que aún tramita en los tribunales de Las Heras. Ante la reapertura de expedientes y la reiteración de negligencias operativas, la respuesta de la multinacional de origen estadounidense consistió en replegar personal bajo el rótulo de “fuerza mayor”, suspendiendo tareas y amenazando con desmovilizar a empresas contratistas para forzar el levantamiento de las clausuras.
A este cuadro de negligencia se suma la violación sistemática de la Ley provincial 90/10, que obliga a las concesionarias a contratar un 90% de mano de obra y proveedores locales. La empresa fue intimada reiteradamente por esquivar la contratación de técnicos y profesionales santacruceños, priorizando tercerizaciones foráneas precarizadas. Los gremios mineros locales, como la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y ASIMRA, respaldaron formalmente el operativo estatal y advirtieron que no permitirán que se ponga en riesgo la vida de los operarios para abaratar costos de extracción.
LA COMPLICIDAD DE BALCARCE 50 Y EL BLINDAJE DEL RIGI
Lejos de ponerse del lado de las leyes argentinas y la seguridad de los trabajadores, la Secretaría de Minería de la Nación y el Ministerio de Economía de Javier Milei salieron al cruce del conflicto monitoreando el caso con preocupación por el “clima de negocios”. Desde despachos oficiales libertarios trascendió el malestar con la provincia, advirtiendo que este tipo de inspecciones ahuyentan a las inversiones amparadas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El choque desnuda la médula colonial del modelo extractivista promovido por la administración nacional: otorgar exenciones impositivas escandalosas, libre disponibilidad de divisas y estabilidad jurídica por 30 años a multinacionales que, a cambio, dejan pasivos ambientales, ponen en peligro la vida humana en los socavones y liquidan el compre nacional. La clausura en Santa Cruz marca un hito de dignidad federal frente al vasallaje económico.
