El inicio del cronograma de liquidaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para el corriente mes volvió a poner sobre la mesa la realidad inocultable que padecen más de cinco millones de adultos mayores en la Argentina: la vigencia del llamado “bono chicle” de $70.000. Mientras el discurso gubernamental insiste en una supuesta desaceleración de precios que solo existe en sus planillas teóricas, los jubilados que perciben la mínima se encontraron en sus cuentas con un haber pulverizado frente al costo real de la canasta básica.
La decisión administrativa del ministro Luis Caputo de no actualizar el monto fijo del bono extraordinario no es una omisión casual; constituye la médula del mecanismo con el que el Palacio de Hacienda sostiene artificialmente el equilibrio fiscal. Al mantener ese refuerzo clavado en $70.000 mes tras mes en un contexto de inflación acumulada incesante, el Estado nacional ejecuta una licuación silenciosa pero letal sobre el haber total de bolsillo.
El golpe al bolsillo: alimentos por las nubes y desamparo sanitario
La pérdida real del poder de compra adquiere ribetes dramáticos al contrastarla con la estructura de consumo exclusiva de la tercera edad. La Defensoría de la Tercera Edad y centros de estudios económicos sitúan la canasta básica de un jubilado en valores que triplican el haber mínimo garantizado. Rubros elementales como alimentos frescos, servicios públicos desregulados con subas tarifarias exponenciales y gastos de vivienda consumen la totalidad del ingreso en la primera quincena del mes.
El agravante más despiadado reside en el sector de la salud. Tras las sucesivas resoluciones que restringieron el vademécum con cobertura al 100% en el PAMI, los jubilados deben desembolsar miles de pesos de sus propios bolsillos para tratamientos crónicos esenciales como antihipertensivos, cardiovasculares, broncodilatadores y analgesia de alta complejidad. Un solo medicamento comercial de primera línea insume hoy entre el 30% y el 50% del valor total del bono extraordinario que otorga la ANSES, obligando a los abuelos a suspender tomas o partir comprimidos para estirar los tratamientos.
Superávit sobre el hambre de los abuelos
Desde el oficialismo se intenta justificar el congelamiento previsional argumentando la falta de recursos fiscales y la necesidad de priorizar el “déficit cero”. Sin embargo, ese rigor monetario desaparece a la hora de otorgar beneficios fiscales a los sectores más concentrados o resignar recaudación tributaria en favor de la renta especulativa. El ajuste fiscal que celebra el Presidente Javier Milei ante los organismos multilaterales de crédito y en foros empresariales tiene su origen directo en el sacrificio no consentido de los jubilados, quienes explican más del 30% del recorte del gasto público primario.
Someter a la miseria planificada a quienes trabajaron y aportaron durante cuatro décadas al engrandecimiento de la Nación rompe el pacto generacional básico de la sociedad argentina. Mientras los bancos y las empresas privatizadas exhiben balances millonarios, la clase pasiva es arrastrada a una subsistencia degradante que desmiente cualquier intento de propaganda oficial.
