Magistrados y colegios de abogados rechazaron la maniobra de la Casa Rosada para ocupar la Corte Suprema. Advierten que la medida viola la Constitución Nacional.
El Gobierno evalúa designar jueces por decreto para cubrir las vacantes en la Corte Suprema. Esta alternativa surgió tras el fracaso de las negociaciones políticas en el Senado. En consecuencia, la iniciativa desató un repudio unánime en los tribunales federales.
La reacción de los magistrados fue inmediata y categórica. Por este motivo, emitieron un comunicado de extrema dureza institucional. Señalan que la Carta Magna exige el acuerdo de dos tercios de los senadores. Por lo tanto, cualquier atajo administrativo carece de validez jurídica.
El rechazo judicial a los jueces por decreto
Las entidades de abogados alertaron sobre la gravedad del conflicto. Asimismo, denunciaron que estos nombramientos vulneran la división republicana de poderes. Sin embargo, el Poder Ejecutivo insiste con utilizar facultades de emergencia excepcionales.
De este modo, las decisiones del máximo tribunal quedarían viciadas de nulidad. Además, la designación de jueces por decreto generaría una enorme desconfianza jurídica internacional. Las sentencias dictadas por funcionarios precarios no tendrían legitimidad social ni legal.
Una maniobra contra la Constitución Nacional
El oficialismo carece de los votos necesarios para aprobar los pliegos de sus candidatos. Por consiguiente, busca saltear el debate parlamentario mediante una resolución de facto. La historia argentina demuestra el peligro de estas intervenciones sobre la Justicia.
En este sentido, la defensa de la República exige respetar los mecanismos constitucionales. La comunidad organizada necesita un tribunal independiente y apegado a la ley. Finalmente, los colegios profesionales ratificaron que impugnarán en sede judicial cualquier designación irregular.
