Planillas oficiales del Poder Ejecutivo confirman contrataciones jerárquicas con sueldos exorbitantes para colaboradores personales de la hermana del presidente. El escándalo expone la contradicción moral de la motosierra fiscal.
El discurso de austeridad moral del oficialismo colapsó ante la revelación de documentos públicos. La filtración de contratos millonarios de Karina Milei expuso designaciones con sueldos superiores a los cuatro millones de pesos. En consecuencia, la indignación popular creció en todas las dependencias de la administración pública nacional.
Las designaciones directas beneficiaron a community managers, choferes y conocidos sin antecedentes técnicos demostrables. Por este motivo, los gremios estatales radicaron denuncias ante los tribunales federales de Comodoro Py. Los expedientes confirman nombramientos en dependencias descentralizadas del Ministerio de Economía y la Presidencia de la Nación.
Sueldos de privilegio mientras vacían las áreas sociales
La maniobra contrasta de forma violenta con la desvinculación masiva de empleados con décadas de antigüedad. Cientos de técnicos especializados en salud y niñez fueron cesanteados bajo la excusa de auditorías fiscales. Asimismo, los salarios de los empleados de planta permanente perdieron más del treinta por ciento de su poder de compra.
Sin embargo, las partidas para el personal de gabinete de la Secretaría General crecieron de forma exponencial. Por lo tanto, los fondos públicos son desviados para sostener privilegios de una corte política cerrada. De este modo, la supuesta cruzada contra los privilegios de la casta se convirtió en un mecanismo de enriquecimiento faccioso.
El derrumbe del relato libertario
Por consiguiente, el oficialismo enfrenta una crisis de legitimidad que no logra disimular en el terreno discursivo. La sociedad argentina comprueba que el ajuste fiscal recae únicamente sobre la clase media y los jubilados. En este sentido, la doctrina justicialista sostiene que la ética pública es el principio supremo de la gestión gubernamental. Finalmente, el Congreso prepara pedidos de informes para interpelar a los ministros firmantes de las resoluciones.
