La ex titular del Juzgado de Familia N° 1 de Pilar, Alejandra Claudia Velázquez, recibió una pena de tres años de prisión. La justicia confirmó que la magistrada intentó corromper a funcionarias para manipular procesos de adopción.
Una condena histórica en el fuero de familia
El Juzgado Correccional N° 1 de San Isidro dictó sentencia contra Alejandra Claudia Velázquez. Tras un acuerdo judicial, la ex jueza confesó haber cometido el delito de cohecho agravado por su condición de funcionaria pública.
Aunque la pena es de tres años de prisión, la ex magistrada obtuvo el beneficio de libertad condicional. Este fallo considera el tiempo que estuvo detenida tras su captura internacional en España, ocurrida en julio de 2024 por efectivos de Interpol.
Las claves de la sentencia
La resolución judicial establece dos restricciones fundamentales para Velázquez:
- Condena efectiva: La pena de prisión se extiende hasta julio de 2028.
- Inhabilitación: No podrá ejercer cargos públicos hasta el año 2031.
El tribunal basó su decisión en el ofrecimiento de dinero a funcionarias públicas para influir en trámites de adopción. Es importante destacar que el delito se configuró mediante el simple ofrecimiento de la coima, incluso cuando las funcionarias rechazaron el dinero y la maniobra no se concretó.
El trasfondo del escándalo: el sistema de “conseguir panzas”
La investigación contra Velázquez comenzó en 2017, tras ser apartada de su cargo por múltiples irregularidades. Entre las acusaciones más graves figuran:
- El datado falso de sentencias y acoso laboral.
- La firma irregular de más de 600 expedientes sin autorización.
- La presunta intermediación en la venta de bebés.
El expediente detalla un modus operandi aterrador: la jueza enviaba a trabajadoras sociales a barrios pobres de Pilar para “conseguir panzas”. El objetivo era convencer a mujeres vulnerables de entregar a sus hijos a matrimonios adinerados a cambio de dinero para fraguar los documentos de adopción.
¿Qué sigue en la causa?
Aunque esta condena cierra el capítulo del cohecho, la justicia continúa investigando los otros tramos de la causa. La falsificación de documentos públicos y otras responsabilidades penales siguen bajo secreto de sumario, lo que indica que podrían surgir nuevas novedades procesales en el corto plazo.
