La desregulación del sistema sanitario impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional profundizó su fase más crítica y deshumanizante. A través de resoluciones firmadas por la Superintendencia de Servicios de Salud y ratificadas por el Ministerio de Salud de la Nación, se dispuso la baja compulsiva de otras 18 empresas de medicina prepaga del Registro Nacional de Entidades (RNEMP), elevando a más de 180 las prestadoras liquidadas durante el presente período administrativo.
La medida, justificada oficialmente bajo criterios de ordenamiento administrativo y presuntas fallas contables, encubre una desprotección absoluta para los usuarios. El Estado nacional no estableció ningún protocolo de traspaso forzoso ni un fondo de compensación que obligue a las grandes corporaciones del sector a recibir a los afiliados de las entidades canceladas manteniendo su antigüedad, cuadro de patologías preexistentes y valor de cuota.
El calvario de los enfermos crónicos y los jubilados El resultado inmediato es la exclusión directa de miles de familias trabajadoras, personas con discapacidad, pacientes en tratamiento oncológico y adultos mayores. Al intentar afiliarse a las empresas dominantes del mercado, los usuarios se encuentran con barreras de admisión infranqueables: exigencia de declaraciones juradas con valores diferenciales exorbitantes, cuotas que superan los $500.000 mensuales y la negativa de cobertura para tratamientos de alta complejidad en curso.
Esta expulsión del subsistema privado empuja a decenas de miles de personas hacia los hospitales públicos provinciales y municipales, que a su vez sufren el recorte presupuestario, la falta de insumos importados y el congelamiento salarial a los profesionales de la salud impuesto por el Palacio de Hacienda.
Concentración del negocio y la mirada doctrinaria Para la doctrina de Info del Plata, lo ocurrido confirma la naturaleza del modelo libertario: concentrar la rentabilidad médica en un puñado de corporaciones oligopólicas mientras se desliga de la suerte de los sectores más vulnerables de la comunidad.
El General Juan Domingo Perón y el doctor Ramón Carrillo concibieron a la salud como un derecho social innegociable, donde el Estado debe ser el garante supremo de la prevención, el acceso irrestricto a los medicamentos y la atención de calidad para cada habitante del suelo patrio. Convertir a la salud en un negocio financiero donde solo accede quien puede pagar aranceles dolarizados es una aberración ética que fractura a la Nación. Se exige una medida cautelar judicial colectiva y la inmediata intervención estatal para que ninguna familia argentina quede desamparada ante la enfermedad.
