Por Redacción Info del Plata
Casi 400 mil dólares en fajos de billetes estadounidenses termosellados y guardados en cajas de seguridad. Ese fue el resultado del contundente allanamiento librado por la Justicia federal en dependencias vinculadas a la conducción del astillero estatal Tandanor. La causa penal, que investiga una red de coimas, sobornos en contrataciones y desvío sistemático de fondos públicos, pone bajo fuego directo a exfuncionarios y directivos designados por la administración libertaria de Javier Milei.
El operativo judicial no deja margen para dobles interpretaciones: mientras el Poder Ejecutivo Nacional pregonaba una supuesta cruzada contra la “casta” para justificar el despido de obreros calificados y el congelamiento de proyectos navales de valor estratégico, en los despachos corporativos florecían los retornos ilegales en moneda dura.
El secuestro del dinero y la ruta de los retornos
El procedimiento se desarrolló tras una serie de denuncias por sobreprecios y pedidos de retornos en adjudicaciones directas para mantenimientos y compras de insumos navales. Los peritos judiciales y las fuerzas de seguridad ingresaron a oficinas administrativas y domicilios vinculados a los administradores del astillero, topándose con fajos de billetes que sumaban cerca de 400.000 dólares en efectivo, carentes de todo respaldo contable o justificación patrimonial.
Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de un circuito de recaudación ilícita montado sobre contratistas privados y proveedores del sector marítimo, a quienes se les exigía un porcentaje en mano para no rescindir contratos vigentes o habilitar certificaciones de obra durante los últimos meses de ajuste presupuestario asfixiante.
Desguazar para fugar: la doctrina del ajuste
Tandanor (Talleres Navales Dársena Norte) no es una empresa cualquiera. Es uno de los astilleros de reparaciones navales más grandes de Sudamérica, propietario del sincronizador de elevación Syncrolift y pieza neurálgica para la soberanía marítima y fluvial argentina. Durante décadas fue ejemplo del orgullo industrial nacional, capaz de reparar desde patrulleros oceánicos de la Armada hasta buques pesqueros de bandera argentina.
Sin embargo, desde la llegada del gobierno libertario, Tandanor fue colocada en la lista negra de empresas a desguazar, privatizar o reducir a su mínima expresión con el argumento de que representaba un “gasto improductivo”. La realidad judicial demuestra lo contrario: el objetivo nunca fue la eficiencia fiscal, sino el desmantelamiento de la soberanía nacional combinado con la rapiña económica de camarillas que utilizan el poder público para lucrar en dólares mientras el pueblo padece la recesión.
Un golpe demoledor al relato oficial
Este hallazgo derrumba la narrativa gubernamental de la supuesta superioridad moral y la transparencia del mercado. Las cajas con dólares no estaban en los talleres junto a los torneros, los soldadores o los ingenieros navales que cobran salarios de miseria por la inflación; estaban en los circuitos de toma de decisión política impuestos por el ajuste.
La Justicia federal avanza ahora con pedidos de indagatoria, inhibición general de bienes e imputaciones formales por cohecho, malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito. Para el movimiento nacional y los trabajadores del sector, el mensaje es unívoco: la defensa de Tandanor y de las empresas públicas argentinas no se negocia ante quienes predican sacrificios populares mientras embolsan divisas extranjeras en la oscuridad de los despachos.
