Por Redacción Info del Plata
El programa de liquidación y desguace del patrimonio público nacional que encabeza Javier Milei acaba de recibir su derrota jurídica más devastadora. A menos de una semana de que venciera el plazo oficial para la recepción de ofertas en la licitación internacional con la que el Ministerio de Economía planeaba rematar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la Cámara Federal de Apelaciones ratificó una medida cautelar de alcance colectivo que prohíbe de forma taxativa modificar el régimen social, operativo y estatal de la prestataria de agua y cloacas más importante del país.
El pronunciamiento judicial no deja resquicio para interpretaciones técnicas del Palacio de Hacienda: el agua potable es un bien común inescindible de la vida humana y la salud pública, cuya continuidad no puede quedar subordinada a la especulación de concesionarios privados ni a las planillas de ajuste del déficit cero.
El fallo que desbarató el negociado de los pliegos
La resolución de la alzada ratificó el amparo impulsado conjuntamente por intendentes de la primera y tercera sección electoral de la Provincia de Buenos Aires, el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS) y asociaciones de defensa del consumidor. El eje del reclamo, validado de lleno por los camaristas, radica en el peligro irreparable que suponía el traspaso inmediato de los activos de AySA a consorcios privados sin audiencias públicas vinculantes, sin un marco regulatorio sancionado por el Congreso y bajo el paraguas del cuestionado DNU 70/2023.
En su fallo, la Justicia ordenó al Poder Ejecutivo abstenerse de cualquier acto de transferencia accionaria, reestructuración patrimonial o liquidación de unidades operativas de AySA hasta tanto se dirima la cuestión de fondo sobre la inconstitucionalidad de los decretos privatizadores. Los jueces subrayaron que someter el acceso al agua potable a criterios exclusivamente de rentabilidad financiera pondría en riesgo la continuidad del servicio para más de 14 millones de personas, amenazando con interrumpir el suministro en las zonas periféricas del conurbano donde las obras de expansión no generan rédito comercial inmediato.
La memoria de los noventa: tarifazos y caños secos
El intento de Javier Milei y Luis Caputo de entregar AySA reedita de forma casi calcada el nefasto experimento de la década del noventa con la privatización de Obras Sanitarias de la Nación a manos de la transnacional francesa Lyonnaise des Eaux (Aguas Argentinas). Durante aquel período, la empresa privada multiplicó las tarifas en dólares, incumplió de manera sistemática los planes obligatorios de inversión en plantas depuradoras y cloacas, y concentró su operación únicamente en los distritos de mayor poder adquisitivo, abandonando las barriadas obreras a su suerte sanitaria.
A casi dos décadas de que el Estado argentino, bajo la conducción justicialista, recuperara la empresa en 2006 para iniciar un plan de inversión en infraestructura sin precedentes —llevando el agua potable a millones de compatriotas que padecían la exclusión—, la administración libertaria pretendía rifar la mayor obra sanitaria de Sudamérica para engordar las arcas del Tesoro y garantizar la timba financiera.
El freno a la entrega y el futuro del saneamiento
El revés en tribunales desató el desconcierto en las oficinas del Ministerio de Economía, que contaba con los fondos del desguace de AySA para maquillar la sequía de reservas del Banco Central antes del cierre del tercer trimestre. Mientras los voceros gubernamentales mascullan apelaciones ante la Corte Suprema, en los distritos bonaerenses se celebró el fallo como una victoria popular en defensa de la vida cotidiana.
Para el movimiento obrero y la comunidad organizada, la lección es irrefutable: los derechos fundamentales no se negocian en las bolsas de valores. La lucha por el agua pública, accesible y de calidad marca el camino de la resistencia popular frente a un gobierno que busca rematar la soberanía territorial y social de la patria.
