La Justicia ordenó detener nuevamente a una mujer señalada como presunta organizadora de una red que habría trasladado personas y armamento entre Chile y Argentina. La investigación descubrió pasos clandestinos, un hostel utilizado como refugio y una impactante cantidad de drogas, municiones y teléfonos celulares.
Una mujer acusada de integrar una organización dedicada al tráfico ilegal de personas entre Chile y Argentina volvió a quedar detenida luego de que la Justicia le revocara la prisión domiciliaria. La sospechosa no se encontraba en la vivienda donde debía cumplir la medida judicial y fue localizada posteriormente en una comisaría de Mendoza.
La investigación por tráfico ilegal de personas puso al descubierto una compleja estructura que habría utilizado pasos fronterizos no habilitados para ingresar migrantes al país. Algunos de ellos, según sostienen los investigadores, tendrían antecedentes penales.
El expediente también reveló posibles conexiones con el traslado clandestino de armas, el almacenamiento de municiones y la producción de marihuana. Ahora, la Justicia intenta determinar hasta dónde llegaban las operaciones de la organización y quiénes brindaban apoyo logístico en ambos lados de la Cordillera.
Un hombre armado destapó una peligrosa trama
El caso comenzó cuando integrantes de las fuerzas de seguridad detectaron a un hombre armado sobre la Ruta Nacional 7. A partir de ese procedimiento, los investigadores avanzaron sobre una presunta red organizada para trasladar personas desde Chile hacia Mendoza por caminos alternativos.
Las primeras pruebas señalaron que el grupo recibía a los migrantes luego de cruzar la frontera y los trasladaba hasta distintos puntos de la provincia. Un hostel ubicado en Guaymallén, cerca de la terminal de ómnibus, habría funcionado como alojamiento temporal y centro de operaciones.
Durante mayo, la Policía Federal Argentina realizó seis allanamientos vinculados con la causa. En uno de esos procedimientos fue detenida por primera vez la mujer de 45 años señalada como una de las presuntas organizadoras de la estructura.
El operativo dejó al descubierto un escenario alarmante. Dentro del establecimiento se encontraron más de nueve kilos de cogollos y picadura de marihuana, 67 plantas de cannabis, municiones, dinero en diferentes monedas, documentación extranjera y trece teléfonos celulares.
Además, los agentes secuestraron equipamiento tecnológico que habría sido utilizado para desarrollar un sistema intensivo de cultivo. Para los investigadores, la variedad de elementos encontrados demuestra que el inmueble podía estar vinculado con distintas actividades ilegales.
Violó la prisión domiciliaria y volvió a quedar detenida
Después de su primera detención, la acusada recibió el beneficio de la prisión domiciliaria. Sin embargo, al realizarse un control, las autoridades comprobaron que no se encontraba en el domicilio declarado.
La violación de la medida provocó la revocación inmediata del beneficio. Desde ese momento se activó nuevamente su búsqueda hasta que fue localizada y detenida en una dependencia policial de Mendoza.
Sobre la sospechosa también pesaba un pedido de captura anterior relacionado con una causa por tráfico de armas. De acuerdo con la hipótesis judicial, habría colaborado con el traslado ilegal de armamento desde Chile hacia la Argentina.
Los movimientos se habrían realizado mediante el Paso Internacional Los Libertadores, uno de los corredores terrestres más importantes entre Mendoza y la región chilena de Valparaíso. La zona posee un enorme tránsito comercial y turístico, pero también presenta caminos alternativos que pueden ser aprovechados por organizaciones criminales.
Siete personas continúan bajo investigación
La causa se encuentra en manos de la Unidad Fiscal de Mendoza y del Juzgado Federal de Garantías N.º 1. Al menos siete presuntos integrantes de la organización permanecen vinculados al expediente mientras continúan las medidas de prueba.
Los investigadores buscan establecer cuántas personas fueron trasladadas clandestinamente, cuánto tiempo funcionó la estructura y si existieron más alojamientos utilizados para ocultar a quienes ingresaban por pasos no habilitados.
También se intenta determinar el origen y el destino del armamento mencionado en la causa. Las pericias sobre los teléfonos celulares y la documentación secuestrada podrían resultar fundamentales para reconstruir comunicaciones, recorridos y posibles vínculos internacionales.
El caso vuelve a encender una señal de alarma sobre el avance de las redes delictivas transnacionales. Mientras el ajuste golpea a las fuerzas estatales y debilita los mecanismos de prevención, las organizaciones criminales aprovechan cada espacio abandonado para ampliar sus negocios ilegales.
Frente a una trama que mezcla migración clandestina, drogas y presunto tráfico de armas, la respuesta no puede limitarse a discursos efectistas. La protección de las fronteras requiere inversión pública, inteligencia criminal, cooperación regional y un Estado presente que cuide a la población sin criminalizar a quienes migran en busca de una vida mejor.
