Mientras el Gobierno festeja en sus redes sociales, la realidad golpea duro en la calle: desde que asumió el libertario, el tejido productivo nacional sufrió una sangría histórica. 23 de las 24 provincias están en rojo. El saldo es una emergencia social que ya no se puede ocultar.
La “libertad” llegó, pero se llevó puesto el trabajo argentino. Los números son fríos, pero las consecuencias son devastadoras: desde que Javier Milei puso un pie en la Casa Rosada, más de 26.448 empresas cerraron sus puertas en todo el territorio nacional. No son solo estadísticas, son familias en la calle, persianas bajas y un país que se desindustrializa a pasos agigantados bajo una política económica que parece diseñada para que solo unos pocos ganen mientras el resto se funde.
Según el último Monitor de empresas de Fundar, desde noviembre de 2023, Argentina perdió el 5,2% de su universo empresario. Se trata de la peor caída en los primeros 28 meses de gestión de cualquier gobierno en la historia reciente. Ni la pandemia, ni las crisis anteriores lograron un derrumbe tan acelerado. Ya son 18 meses consecutivos de caída mensual. El motor de la economía no arranca, se está fundiendo.
Un país teñido de rojo: el interior, abandonado
El mapa de la destrucción es federal. 23 de las 24 provincias muestran una baja en la cantidad de firmas activas. El norte grande, nuevamente, es el más castigado por la política centralista y de ajuste de la actual administración.
- La Rioja: Encabeza el desastre con una caída del 17,46%.
- Catamarca: 12,71% menos de empresas.
- Chaco: 11,55% de retroceso.
Tierra del Fuego, Misiones y Corrientes completan este podio de la desolación, donde la producción local ha sido arrasada por la apertura indiscriminada y la falta de consumo interno.
Sectores estratégicos, al borde del abismo
El ajuste no discrimina, pero castiga especialmente a quienes movilizan el país. El transporte y almacenamiento lidera la lista de los sectores más afectados con una estrepitosa caída del 16,39%, seguido por el sector inmobiliario y, fundamentalmente, la construcción, que perdió casi el 10% de sus empresas.
En los últimos meses, el goteo de cierres ha sido constante y doloroso:
- Granja Tres Arroyos (Entre Ríos): 950 empleos en riesgo tras la suspensión de su planta.
- Adient (Santa Fe): Cerró su fábrica de asientos para pasar a importar de Brasil; otro golpe a la industria nacional.
- Mazalosa (La Rioja): La histórica fábrica textil bajó sus persianas en el Parque Industrial, dejando a decenas de familias sin sustento.
La emergencia no espera
Mientras el Gobierno intenta tapar el sol con la mano citando inversiones de gigantes extranjeros o el RIGI, la realidad de la pyme y el comerciante es otra muy distinta. La “recuperación” que prometen sigue siendo un espejismo para los miles de empresarios que, asfixiados por los costos, la caída del consumo y la falta de crédito, tuvieron que cerrar la persiana para siempre.
Estamos ante una verdadera emergencia social y productiva. La pregunta que queda flotando es: ¿Cuántas empresas más tienen que desaparecer para que este Gobierno entienda que, sin industria nacional y sin protección del empleo argentino, no hay país posible?
