La discusión sobre el financiamiento de los polideportivos y las actividades culturales vuelve a encender una alarma social en la Argentina. Mientras millones de familias enfrentan salarios deteriorados, tarifas impagables y una fuerte pérdida del poder adquisitivo, algunos sectores impulsan modelos que plantean cobrar por servicios públicos que históricamente fueron herramientas de integración, igualdad y contención comunitaria.
El debate gira alrededor de una pregunta sensible: ¿el Estado debe garantizar el acceso gratuito al deporte y la cultura o puede trasladar parte del costo a los propios ciudadanos? Detrás de una aparente discusión administrativa se esconde una definición mucho más profunda sobre qué país se pretende construir y quiénes podrán participar de sus espacios comunes.
EL RIESGO DE CONVERTIR UN DERECHO EN UN PRIVILEGIO
La politóloga María Migliore sostuvo que en la sociedad argentina existe una idea muy arraigada según la cual los servicios públicos deben ser gratuitos. Esa convicción, lejos de ser un capricho, forma parte de una tradición igualitaria que reconoce al deporte y a la cultura como instrumentos fundamentales para la inclusión social.
Desde algunos espacios se propone revisar si la gratuidad absoluta es la única manera de asegurar el acceso. También se plantea incorporar tarifas simbólicas, mecanismos mixtos de financiamiento y una mayor participación del sector privado y de organizaciones sociales.
Sin embargo, cualquier esquema de cobro puede transformarse rápidamente en una barrera para los sectores populares. En una Argentina atravesada por la emergencia social, incluso una tarifa considerada “baja” por los funcionarios puede representar una exclusión concreta para una familia que debe elegir entre comprar alimentos, pagar el transporte o permitir que sus hijos practiquen una actividad deportiva.
La discusión, por lo tanto, no puede realizarse de espaldas a la realidad económica. Hablar de aranceles mientras crece la desigualdad implica correr el riesgo de convertir los espacios públicos en lugares reservados para quienes todavía conservan capacidad de pago.
POLIDEPORTIVOS Y CLUBES: CONTENCIÓN FRENTE AL ABANDONO
En distintas provincias y municipios funcionan polideportivos, canchas, pistas de atletismo y centros culturales administrados por el Estado. Muchos ofrecen actividades gratuitas o con costos mínimos para niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.
Esos espacios no solamente brindan recreación. También cumplen una función de contención frente a la violencia, las adicciones, el aislamiento y la pérdida de oportunidades. Un club de barrio o un centro cultural puede convertirse en el único lugar donde un joven encuentra acompañamiento, disciplina, pertenencia y una posibilidad distinta.
La tradición peronista siempre entendió que el deporte y la cultura no son lujos para tiempos de abundancia. Son derechos sociales que permiten fortalecer la comunidad, construir identidad y garantizar que el origen económico de una persona no determine su futuro.
Por eso, el deterioro de la infraestructura pública no debería utilizarse como argumento para justificar la privatización o el cobro. La respuesta debe ser una mayor inversión, una gestión eficiente y un Estado presente que recupere las instalaciones abandonadas.
LA CALIDAD NO PUEDE SER EXCUSA PARA PRIVATIZAR
Otro de los puntos centrales del debate es la calidad de los servicios públicos. En los últimos años, numerosos usuarios percibieron un deterioro en áreas como el transporte, la educación, el deporte y la oferta cultural.
Cuando el Estado abandona sus responsabilidades, quienes tienen dinero migran hacia alternativas privadas. Los sectores de menores ingresos, en cambio, quedan atrapados en servicios debilitados, con menos recursos y menores oportunidades.
Esa situación genera una sociedad partida en dos: una Argentina para quienes pueden pagar y otra para quienes deben conformarse con lo que queda. El problema no es la existencia de propuestas privadas, sino que el acceso a un servicio de calidad dependa exclusivamente del bolsillo.
La legitimidad de lo público se fortalece cuando el Estado ofrece instalaciones cuidadas, profesionales capacitados y actividades de excelencia. Los espacios estatales de calidad permiten que personas de diferentes sectores sociales compartan una misma cancha, un taller artístico o un espectáculo cultural.
MODELOS MIXTOS, PERO CON UN ESTADO QUE MANDE
La cooperación con clubes, asociaciones civiles, sindicatos, cooperativas y empresas puede resultar útil para ampliar la oferta deportiva y cultural. No obstante, esa articulación debe estar coordinada por el Estado y nunca reemplazar su responsabilidad principal.
La participación privada no puede transformarse en una puerta de entrada para seleccionar usuarios, aumentar tarifas o utilizar bienes públicos con fines comerciales. Cualquier modelo alternativo debe garantizar gratuidad para quienes no puedan pagar, controles transparentes y acceso universal.
También es necesario reconocer el trabajo histórico de los clubes de barrio, que durante décadas sostuvieron actividades deportivas y sociales en los momentos más difíciles. Muchas de esas instituciones sobreviven con enormes problemas económicos mientras enfrentan aumentos en los servicios, caída de socios y falta de apoyo estatal.
En lugar de someterlas a una lógica puramente comercial, las políticas públicas deberían protegerlas, subsidiar sus tarifas y facilitar recursos para mejorar sus instalaciones.
EL AJUSTE TAMBIÉN AMENAZA LOS ESPACIOS COMUNITARIOS
El debate sobre la gratuidad no ocurre en un vacío. Se desarrolla en medio de un ajuste nacional que redujo partidas, paralizó obras y debilitó programas destinados a la comunidad.
Cuando el Gobierno recorta fondos para infraestructura, cultura o deporte, luego aparece el discurso que presenta al servicio público como ineficiente. El mecanismo es conocido: primero se desfinancia, después se muestra el deterioro y finalmente se propone que el mercado ocupe el lugar abandonado por el Estado.
Ese camino puede provocar una profunda desigualdad territorial. Los municipios con mayores recursos podrían sostener instalaciones de calidad, mientras los barrios populares quedarían sin polideportivos, talleres ni actividades accesibles.
El resultado sería una nueva forma de exclusión. Ya no alcanzaría con tener ganas de practicar un deporte o participar de una actividad cultural. También sería necesario contar con dinero para ingresar.
CULTURA Y DEPORTE COMO POLÍTICAS DE JUSTICIA SOCIAL
Garantizar el acceso universal exige abandonar la idea de que la rentabilidad económica debe ordenar toda la vida comunitaria. Existen actividades cuyo valor no puede medirse únicamente por la recaudación que generan.
Un niño que encuentra un lugar en un club, una adolescente que aprende música o un adulto mayor que participa de una actividad recreativa producen beneficios sociales que no aparecen en una planilla contable. Menos aislamiento, mayor salud, integración barrial y prevención de la violencia son resultados concretos de una política pública sostenida.
La Argentina necesita discutir cómo mejorar sus polideportivos y centros culturales, pero sin aceptar que la salida sea cobrarle a una sociedad empobrecida. La calidad debe garantizarse mediante inversión, planificación, control y participación comunitaria.
El desafío no consiste en retirar al Estado, sino en hacerlo funcionar mejor. En tiempos de emergencia social, defender el deporte y la cultura como derechos populares también significa defender una comunidad organizada, solidaria y con igualdad de oportunidades.
