Los movimientos sociales preparan un amplio plan de lucha contra el Gobierno de Javier Milei ante el cierre de programas de asistencia, la paralización de obras en los barrios populares y la pérdida acelerada de ingresos de miles de familias. Marchas, protestas, concentraciones y una movilización nacional comienzan a formar parte de un calendario atravesado por la emergencia social.
La tensión aumentó después de que quedara habilitado el cierre del programa Volver al Trabajo, una medida que podría dejar sin una prestación mensual de 78.000 pesos a más de 900.000 personas desde agosto. Para las organizaciones sociales, no se trata solamente de eliminar una ayuda: significa retirar dinero de los barrios más humildes y profundizar el derrumbe del consumo.
MILEI AJUSTA ABAJO Y LA CALLE COMIENZA A RESPONDER
Referentes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, agrupaciones territoriales, organizaciones de izquierda y sindicatos combativos mantienen reuniones para definir nuevas medidas de fuerza. El reclamo principal apunta a la restitución de los programas sociales, la actualización del Salario Social Complementario y la reactivación de las obras de integración sociourbana.
Desde las organizaciones advierten que el ajuste no golpeará únicamente a quienes reciben la prestación. Cada peso que deja de ingresar en una familia trabajadora también desaparece de los almacenes, las verdulerías, los kioscos, las ferias y los pequeños comercios que sobreviven gracias al consumo cotidiano de los barrios.
Esa realidad contradice el relato oficial de una economía que supuestamente habría comenzado a recuperarse. El equilibrio fiscal celebrado por la Casa Rosada se sostiene, según denuncian los movimientos sociales, mediante la reducción de ingresos, la eliminación de derechos y el abandono de quienes menos tienen.
Mientras el Gobierno exhibe números macroeconómicos, millones de argentinos se endeudan para comer, pagar servicios o comprar medicamentos. La estabilización que se anuncia desde los despachos oficiales todavía no llegó a las mesas familiares, donde los salarios pierden contra los precios y las changas son cada vez más escasas.
SAN CAYETANO SERÁ EL CENTRO DE UNA GRAN PROTESTA NACIONAL
El próximo 7 de agosto se realizará una nueva Marcha de San Cayetano bajo las consignas de Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo. La movilización partirá desde el santuario ubicado en Liniers y avanzará hacia Plaza de Mayo, siguiendo el recorrido iniciado por Los Cayetanos en 2016.
Este año, la convocatoria podría reunir a organizaciones sociales, sindicatos, docentes, estudiantes, jubilados, trabajadores de la economía popular, pequeños empresarios y sectores perjudicados por la política económica nacional. La CGT y las dos CTA también anticiparon su participación orgánica en la jornada.
Los organizadores pretenden transformar la marcha en un punto de relanzamiento de la resistencia contra el ajuste. La consigna buscará expresar una realidad inocultable: el modelo económico puede cerrar las cuentas del Estado, pero está abriendo una herida cada vez más profunda en el pueblo argentino.
La protesta también recordará que el trabajo no puede convertirse en un privilegio reservado para unos pocos. Desde una mirada peronista, la producción, la justicia social y la dignidad laboral deben ocupar el centro de cualquier proyecto nacional que pretenda gobernar para las mayorías.
JUBILADOS, DOCENTES Y FAMILIAS ENDEUDADAS SALDRÁN A LA CALLE
El calendario de protestas comenzará el 22 de julio con el acompañamiento a las movilizaciones de jubilados. Las organizaciones consideran que los adultos mayores se convirtieron en uno de los principales símbolos de resistencia frente a los recortes en medicamentos, ingresos previsionales y asistencia estatal.
Durante los primeros días de agosto también se prepara una Marcha Educativa, vinculada con los reclamos salariales de los gremios docentes y la posibilidad de un paro durante el regreso a clases. Aunque cada provincia enfrenta una situación diferente, se analiza realizar una concentración central en Plaza de Mayo.
Otra movilización tendrá como destino el Consejo del Salario. Allí se reclamará una actualización del Salario Social Complementario y su vinculación nuevamente con el salario mínimo, vital y móvil, para evitar que los ingresos de los trabajadores de la economía popular queden congelados frente al avance del costo de vida.
Las familias endeudadas también tendrán su propia jornada de protesta frente al Ministerio de Economía. Antes de la marcha, se organizarán volanteadas en estaciones ferroviarias y lugares de gran circulación para visibilizar una crisis que afecta a millones de personas expulsadas del sistema formal de crédito.
EL ENDEUDAMIENTO FAMILIAR SE CONVIERTE EN UNA BOMBA SOCIAL
De acuerdo con los referentes de las organizaciones, cerca de siete millones de argentinos habrían quedado fuera del crédito formal debido al crecimiento de la morosidad. Muchas familias terminan recurriendo a préstamos informales, aplicaciones financieras o circuitos donde los intereses se vuelven imposibles de afrontar.
La deuda dejó de estar asociada a la compra de bienes duraderos. Hoy se pide dinero para llenar la heladera, pagar el alquiler, cargar la tarjeta SUBE o comprar remedios. Esa transformación revela el deterioro profundo de las condiciones de vida bajo un programa económico que descargó el costo del ajuste sobre trabajadores, jubilados y sectores populares.
Lejos de solucionar el problema, el reemplazo de Volver al Trabajo por vouchers de capacitación podría sumar incertidumbre. Capacitarse es importante, pero ninguna formación genera empleo por sí sola cuando cierran empresas, cae la actividad industrial y se destruye el mercado interno.
Un Estado presente debería acompañar la capacitación con políticas productivas, inversión pública y creación de puestos de trabajo genuinos. Retirar la asistencia sin garantizar una salida laboral concreta equivale a abandonar a cientos de miles de personas en medio de una crisis.
LA INDUSTRIA Y LAS PYMES TAMBIÉN SE SUMAN AL RECLAMO
El 2 de septiembre, Día de la Industria, está previsto un encuentro entre trabajadores, movimientos sociales y empresarios afectados por las políticas oficiales. La convocatoria buscará unir a sectores que, aunque tienen responsabilidades diferentes, sufren las consecuencias de la caída del consumo y la apertura indiscriminada de importaciones.
Las pequeñas y medianas empresas dependen del poder adquisitivo del mercado interno. Cuando una familia deja de comprar, no solamente pierde el comerciante de barrio: también se frenan la fábrica, el transporte, la distribución y toda la cadena productiva.
Desde el peronismo doctrinario, la comunidad organizada aparece nuevamente como una respuesta frente a un modelo que pretende enfrentar a trabajadores contra empresarios nacionales. Sin producción no hay empleo, sin salarios no hay consumo y sin consumo resulta imposible sostener una industria fuerte.
OCTUBRE PODRÍA TENER MARCHA FEDERAL Y PARO GENERAL
El plan de lucha tendría su punto más importante en octubre con una Marcha Federal hacia la Ciudad de Buenos Aires. Las organizaciones también mencionan la posibilidad de un paro general, aunque la CGT todavía no realizó un anuncio oficial sobre esa medida.
Durante los meses previos habrá encuentros, campañas territoriales y acciones solidarias vinculadas con la Semana Social de la Iglesia. Los movimientos pretenden construir una protesta amplia que exceda las estructuras partidarias y reúna a todos los sectores golpeados por el programa económico.
También existe expectativa por una eventual visita del papa León XIV, aunque hasta el momento no fue confirmada. Referentes sociales consideran que su mensaje podría poner en debate valores como la solidaridad, la dignidad humana y la protección de quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.
La Argentina comienza a transitar meses de creciente conflictividad. El Gobierno podrá insistir con discursos de éxito económico, pero las calles muestran otra fotografía: jubilados que reclaman medicamentos, docentes que no llegan a fin de mes, familias endeudadas y trabajadores que pierden sus ingresos.
Frente a ese escenario, la organización popular vuelve a ocupar un lugar central. El pueblo argentino conoce demasiado bien las consecuencias de los modelos que prometen prosperidad futura mientras multiplican el sufrimiento presente.
La justicia social no es un gasto que deba eliminarse. Es la base indispensable de una Nación que quiera crecer con producción, trabajo, soberanía y dignidad para todos.
