El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino fue retenido por agencias federales de Estados Unidos en el aeropuerto JFK antes de abordar el vuelo de regreso. Con una causa abierta en Florida por contratos comerciales de la firma TourProdEnter, el caso reaviva el debate sobre los negocios millonarios alrededor de la camiseta nacional y la intromisión de tribunales extranjeros en la conducción del deporte popular.
En la mañana del lunes, el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York fue escenario de un procedimiento judicial que impactó de lleno en la comitiva de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) interceptaron al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y le exigieron la entrega inmediata de sus teléfonos celulares y dispositivos electrónicos.
El operativo no solo afectó al máximo dirigente del fútbol nacional, sino también a otros integrantes del comité ejecutivo y dirigentes presentes. Por la requisitoria de las autoridades norteamericanas, el vuelo chárter AR1971 de Aerolíneas Argentinas sufrió una demora de más de dos horas antes de ser autorizado a despegar con destino a Buenos Aires.
La medida preventiva responde a una causa tramitada ante la Corte del Distrito Sur de Florida, conducida por los fiscales especializados en delitos financieros Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger. El expediente investiga presuntas irregularidades y triangulaciones en la administración de derechos comerciales, patrocinios e ingresos por televisación internacional que superarían la cifra de 300 millones de dólares.
En el centro de las pesquisas aparece la firma TourProdEnter LLC, gerenciada por el empresario Javier Faroni, la cual operó como agente comercial exclusivo de la AFA para los mercados externos. Frente a este escenario, Tapia fue formalmente citado a comparecer ante el tribunal estadounidense el próximo 30 de julio, fecha en la que deberá entregar información detallada y cruces de llamadas con Pablo Toviggino, Diego Lucero y el propio Faroni.
Mientras la Justicia norteamericana impone su alcance extraterritorial sobre la dirigencia deportiva del país, el episodio expone las tensiones de un modelo de gestión donde los ingentes ingresos generados por los triunfos de la Selección no siempre terminan fortaleciendo a los clubes sociales ni a la infraestructura del deporte de base.
Las finanzas de la casa madre del fútbol no pueden quedar presas ni de manejos discrecionales entre privados ni de las embestidas de fondos e intereses externos que acechan para avanzar con la privatización y comercialización irrestricta de las instituciones patrias.
El peronismo sostiene con claridad que los recursos de la comunidad, la pasión del pueblo y las organizaciones civiles no son mercancía de liquidación ni para la especulación internacional. La AFA es custodia de un patrimonio social fundado en los clubes de barrio, las escuelas de fútbol y el esfuerzo de millones de familias argentinas.
Si existieron manejos opacos con firmas extranjeras por sumas multimillonarias, la obligación de dar explicaciones claras es insoslayable. Sin embargo, no deja de ser profundamente aleccionador observar cómo el brazo penal de una potencia extranjera actúa como juez y parte en territorio aeroportuario. El capital especulativo y la privatización encubierta a través de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) acechan a la AFA; la respuesta soberana exige absoluta transparencia, defensa del modelo asociativo y fin de los privilegios financieros a expensas de la pasión popular.
