La Casa Rosada admite que el proyecto todavía está “verde” y podría postergarse hasta septiembre. Mientras millones de argentinos enfrentan una emergencia social cada vez más profunda, el Gobierno concentra sus esfuerzos en modificar las reglas electorales y negocia apoyos provinciales mediante fondos, obras y acuerdos políticos.
La reforma electoral impulsada por Karina Milei continúa demorada y el Gobierno nacional todavía no logró reunir los votos necesarios para llevarla al Congreso. Dentro de la propia Casa Rosada reconocen que la iniciativa está “verde”, aunque intentan transmitir confianza y aseguran que todavía queda tiempo para negociar con los gobernadores.
El proyecto es una de las principales prioridades políticas de la secretaria general de la Presidencia. Sin embargo, las conversaciones avanzan con enormes dificultades y el texto definitivo todavía no fue presentado. La falta de precisiones genera desconfianza incluso entre mandatarios provinciales que habitualmente acompañan al oficialismo.
Mientras los trabajadores pierden poder adquisitivo, las jubilaciones quedan cada vez más lejos del costo de vida y las familias se endeudan para comprar alimentos, la principal preocupación del Gobierno parece estar concentrada en las elecciones del próximo año.
EL GOBIERNO ESCONDE LA LETRA FINAL
En Balcarce 50 aseguran que no mostrarán anticipadamente las modificaciones que están dispuestos a aceptar. La estrategia oficial consiste en guardar las cartas hasta el momento decisivo del debate parlamentario.
Funcionarios nacionales reconocen que muchos gobernadores reclaman conocer el proyecto definitivo antes de comprometer sus votos. No obstante, la administración libertaria se niega a entregar el texto completo porque sabe que deberá realizar cambios para conseguir respaldo.
La propuesta original buscaba eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Frente a la falta de adhesiones, el Ejecutivo ahora analiza una alternativa menos ambiciosa: suspender las PASO durante el próximo turno electoral.
Desde el oficialismo admiten que la discusión no está cerrada. Aun así, descartaron acelerar las negociaciones o enviar inmediatamente a Karina Milei, Diego Santilli o al propio Presidente a recorrer las provincias para convencer a los mandatarios.
LA PRIORIDAD ELECTORAL EN MEDIO DE LA EMERGENCIA SOCIAL
El contraste resulta difícil de ignorar. Mientras la economía cotidiana golpea a los hogares argentinos, el Gobierno destina energía política a modificar el sistema electoral y fortalecer su posición de cara a los próximos comicios.
La reforma que preocupa a Karina Milei no está relacionada con la recuperación de los salarios, la generación de puestos de trabajo o la protección de la industria nacional. Tampoco ofrece respuestas para las pequeñas y medianas empresas que cierran sus puertas ni para los jubilados que deben elegir entre comprar medicamentos o alimentos.
Sin embargo, la Casa Rosada pretende instalar el proyecto como una necesidad institucional urgente. Esa insistencia demuestra cuáles son las verdaderas prioridades de una administración que habla permanentemente de sacrificios, pero concentra su maquinaria política en garantizar mejores condiciones electorales para el oficialismo.
El tratamiento estaba pensado inicialmente para agosto. Ahora, ante la falta de acuerdos, el debate podría trasladarse a septiembre.
OBRAS, FONDOS Y VOTOS EN NEGOCIACIÓN
La posibilidad de habilitar listas colectoras perdió fuerza y prácticamente fue descartada. Las negociaciones se concentran actualmente en herramientas tradicionales de la política: obras públicas, transferencias de fondos y compromisos electorales con las provincias.
En los distritos del norte comenzaron a circular propuestas destinadas a obtener el acompañamiento de los gobernadores. Algunos mandatarios todavía mantienen una posición distante, mientras otros habrían expresado acuerdos de palabra que deberán transformarse en votos concretos dentro del Congreso.
Paradójicamente, el mismo Gobierno que paralizó obras, redujo transferencias y presentó a los gobernadores como responsables del gasto público ahora necesita sentarse a negociar con ellos. La motosierra encuentra límites cuando la supervivencia electoral del oficialismo depende de quienes fueron señalados como integrantes de la supuesta “casta”.
Fuentes gubernamentales admiten por lo bajo que el principal obstáculo es económico. Los mandatarios provinciales no encuentran incentivos para acompañar una reforma promovida por la Nación mientras continúan reclamando recursos retenidos y trabajos de infraestructura suspendidos.
La Casa Rosada, no obstante, prefiere explicar el atraso como consecuencia de la conflictividad general del Congreso. También aparecen reproches hacia la conducción política de Martín Menem y Manuel Adorni, a quienes distintos sectores responsabilizan por las dificultades para ordenar la agenda parlamentaria.
UN CONGRESO QUE YA NO RESPONDE AUTOMÁTICAMENTE
Durante los últimos meses, el recinto se convirtió en un escenario de tensión permanente. Varias iniciativas oficiales quedaron frenadas por la falta de adhesiones y por las divisiones internas entre los bloques que anteriormente colaboraban con el Gobierno.
El proyecto sobre la propiedad privada perdió impulso. La denominada Ley Hojarasca tampoco consiguió una sanción definitiva. Las modificaciones vinculadas con las zonas frías siguen atrapadas en disputas políticas y territoriales.
Ese panorama explica parte de la preocupación oficial. La Libertad Avanza ya no cuenta con la misma facilidad para imponer sus proyectos y debe negociar cada voto con espacios provinciales, antiguos aliados y sectores que comenzaron a tomar distancia.
A pesar de las dificultades, un importante asesor nacional sostuvo que no habrá PASO el próximo año. La afirmación exhibe una decisión política contundente, aunque todavía no exista una ley aprobada que garantice ese objetivo.
EL OFICIALISMO BUSCA A LOS GOBERNADORES “DE SIEMPRE”
El Gobierno cuenta inicialmente con el acompañamiento de algunos mandatarios provinciales. Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, ya habría expresado su voluntad de colaborar con la iniciativa.
También existen expectativas sobre Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Hugo Passalacqua, de Misiones, y Gustavo Sáenz, de Salta. En la Casa Rosada consideran que estos dirigentes podrían terminar respaldando la reforma, aunque todavía persisten reparos y condiciones.
San Juan, Entre Ríos, Chaco y Tierra del Fuego aparecen dentro del mapa favorable elaborado por el oficialismo. Corrientes y Chubut también serían contabilizadas entre las provincias dispuestas a conversar.
Las dudas más importantes se concentran en Jujuy y Santa Cruz. Carlos Sadir aún no definió públicamente su posición, mientras Claudio Vidal tampoco habría tomado una decisión definitiva.
La Pampa, en cambio, es considerada prácticamente perdida por el Gobierno. El gobernador Sergio Ziliotto mantiene una posición crítica y conserva una relación cercana con la estructura nacional del Partido Justicialista.
LOS DIPUTADOS PROVINCIALES TAMBIÉN SE REBELAN
El problema no termina en los gobernadores. Diversos diputados nacionales que representan a las provincias no responden automáticamente a las órdenes de sus mandatarios.
Algunos legisladores pertenecen a sectores internos enfrentados con las conducciones provinciales. Otros consideran que las PASO son una herramienta necesaria para disputar espacios de poder dentro de sus partidos.
Por esa razón, un acuerdo con un gobernador no garantiza necesariamente el acompañamiento de todos los diputados de su distrito. La Casa Rosada necesita realizar una negociación mucho más compleja, voto por voto y bloque por bloque.
Esa fragmentación aumenta la incertidumbre y explica por qué Karina Milei todavía no consiguió asegurar la aprobación de la ley que considera fundamental.
UNA REFORMA PENSADA PARA EL PODER
El Gobierno intenta presentar la eliminación o suspensión de las PASO como una medida de ahorro. Sin embargo, la discusión excede ampliamente el costo de una elección primaria.
Modificar el sistema puede alterar la competencia dentro de los partidos, limitar la participación de sectores minoritarios y fortalecer a las conducciones que controlan el armado de las listas. También podría favorecer a quienes tienen mayores recursos económicos, exposición mediática y estructuras nacionales.
En ese escenario, Karina Milei busca consolidar su influencia sobre la construcción electoral de La Libertad Avanza. La secretaria general pretende ordenar las candidaturas, evitar internas difíciles de controlar y mantener bajo su conducción la selección de los principales nombres del oficialismo.
Detrás del discurso institucional aparece una batalla concreta por el poder. La demora demuestra que los gobernadores conocen la importancia de sus votos y están dispuestos a exigir respuestas antes de entregar su acompañamiento.
Mientras tanto, la emergencia social sigue creciendo. Los problemas de los argentinos continúan esperando en una agenda oficial que parece dominada por cálculos electorales, negociaciones reservadas y estrategias para conservar el poder.
La reforma permanece empantanada. Karina Milei todavía no consigue los votos y el Gobierno endurece su postura. Sin embargo, cuanto más intenta ocultar la letra final, mayor es la desconfianza de los sectores que deberá convencer para convertir su prioridad política en ley.
