Por Redacción Info del Plata
El gobierno de Javier Milei formalizó este lunes un paso clave en su plan de desmantelamiento de la infraestructura pública. A través de la Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, se adjudicó la concesión de ocho corredores viales estratégicos que suman más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales a consorcios privados por un período de 20 años.
La medida, enmarcada en la privatización de la empresa estatal Corredores Viales S.A. y en la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, abarca rutas troncales que atraviesan 11 provincias: Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Chaco, Misiones y Mendoza.
El mapa de la entrega
Las trazas adjudicadas comprenden corredores neurálgicos para la producción agropecuaria e industrial, incluyendo tramos de las Rutas Nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66 y 105.
Entre los consorcios beneficiados figuran empresas constructoras como AFEMA S.A., José Cartellone Construcciones Civiles S.A., IEB Construcciones, Rovial S.A., Obring S.A., Laugero y Carlos E. Enriquez S.A., con tarifas básicas adjudicadas que oscilan entre los $1.399 y los $3.564,99 más IVA por estación de cobro.
El Ejecutivo remarcó que el nuevo esquema funcionará bajo una lógica “100% privada” y sin subsidios estatales, lo que significa que el financiamiento, la conservación y la rentabilidad empresarial se sostendrán exclusivamente con los ingresos cobrados en las cabinas a automovilistas y camiones de carga.
Asfixia logística a las PyMEs y al transporte
El impacto económico no tardará en sentirse en la economía real. Las cámaras del transporte automotor de cargas y entidades representativas de la pequeña y mediana empresa advierten que la multiplicación de puestos de cobro y los aumentos tarifarios indexados tendrán un traslado directo a los costos logísticos.
Para una pequeña o mediana empresa del interior, el transporte representa un componente crítico de su estructura de costos. Al encarecer el flete de granos, manufacturas y mercaderías generales, la medida resta competitividad a las economías regionales frente a los productos importados y alimenta la presión sobre los precios finales en góndola.
Un país fracturado
La decisión oficial consagra una lógica de fragmentación territorial: se entregan al capital privado las trazas con alto caudal de tránsito donde la recaudación del peaje está asegurada, mientras se paraliza la obra pública y se desfinancia a Vialidad Nacional para el mantenimiento de las rutas secundarias y de fomento en el interior profundo.
Sin un Estado que planifique la conectividad con criterio de desarrollo federal, las provincias quedan expuestas a un deterioro generalizado de su infraestructura vial, encareciendo el trabajo argentino y poniendo en riesgo la seguridad de quienes transitan las rutas del país.
