Por Redacción Info del Plata
El límite de la desidia gubernamental y la complicidad empresarial en el manejo de los residuos urbanos escaló a la justicia federal. La Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, con el auxilio técnico de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) y el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA), ejecutó un procedimiento judicial de alto impacto que incluyó allanamientos en la Municipalidad de San Pedro, el Concejo Deliberante local y la sede de la empresa concesionaria del servicio de recolección de basura.
La causa penal busca determinar las responsabilidades políticas, administrativas y penales tras constatarse que el basural a cielo abierto del barrio La Tosquera —un predio de 20 hectáreas que no para de crecer desde hace más de dos décadas— opera en flagrante infracción a la Ley Nacional 25.916 de Gestión de Residuos Domiciliarios y la Ley Bonaerense 13.592, funcionando sin cerramiento, sin tratamiento de efluentes y con quemas sin control.
Lixiviados sin membrana y veneno en las napas
El informe técnico elaborado por la química pericial de la UFIMA, María Fernanda Cuneo Basaldúa, resultó lapidario. El basural carece de membrana aislante impermeable sobre el suelo y no posee sistemas de escurrimiento ni plantas de tratamiento para líquidos lixiviados (el jugo altamente tóxico y concentrado de metales pesados que genera la descomposición de los residuos).
Sin ningún tipo de contención, esos fluidos percolan directamente hacia las napas subterráneas de las que se abastece la población de la zona a través de bombas de pozo no potabilizadas. Durante las inspecciones, la PFA detectó que establecimientos comunitarios sensibles, como la Escuela N°44 y el Centro Infantil “La Colmenita”, suministran agua al barrio extraída directamente del subsuelo adyacente al vertedero.
Quemas tóxicas, cirujeo infantil e historias clínicas incautadas
La inspección judicial realizada por las fuerzas federales constató además una postal de desamparo social extremo: la presencia activa de adultos, niños y niñas revolver entre montículos de basura, cartones y plásticos, expuestos a focos de combustión interna y densas columnas de humo.
Ante la gravedad del cuadro, la Fiscalía ordenó el secuestro de las historias clínicas del Centro de Salud “Federico Rosito” de La Tosquera, con el objetivo de cruzar la prevalencia de patologías con la exposición prolongada a sustancias tóxicas. Los testimonios vecinales refieren un incremento alarmante de:
- Cuadros respiratorios agudos y crónicos: crisis de asma, bronquitis, tos persistente e insuficiencia respiratoria en la población infantil.
- Afecciones dermatológicas y oculares: irritación severa de garganta, conjuntivitis química y lesiones alérgicas en la piel por contacto con cenizas y aire contaminado.
- Riesgo bacteriológico y viral: propagación de plagas de insectos y roedores en viviendas linderas.
La contaminación que amenaza la cuenca del Paraná
El caso trasciende los límites del municipio conducido por la gestión local. Los peritos de la PFA tomaron muestras geolocalizadas de agua, lixiviados y barro en arroyos y cursos de agua cercanos que desembocan de manera directa en el cauce principal del Río Paraná.
De confirmarse la presencia de contaminantes químicos en el río, la causa escalará a un delito ambiental de escala regional, poniendo al descubierto la matriz de impunidad de un municipio que paga millones por un servicio de recolección que termina arrojando el veneno en el patio trasero de los sectores más vulnerables.
