Instituciones y familiares de personas con discapacidad rechazaron de forma categórica las acusaciones del oficialismo sobre supuestos fraudes masivos. Con aranceles congelados que pierden por más de un 40% contra la inflación y una deuda estatal asfixiante, el sistema de atención terapéutica entró en colapso operativo.
La lógica del recorte presupuestario indiscriminado avanzó esta mañana sobre uno de los límites morales más sensibles de la vida comunitaria. El Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad salió al cruce formal de las declaraciones vertidas por operadores y funcionarios de la Casa Rosada, quienes anunciaron una auditoría coercitiva con la meta de suspender más de 200.000 pensiones no contributivas bajo el argumento de que la mayoría respondería a irregularidades administrativas.
Desde las organizaciones que agrupan a familias, psicólogos, fonoaudiólogos y terapistas ocupacionales calificaron la maniobra de “infundada, estigmatizante y peligrosa”, señalando que el objetivo de fondo no es mejorar la transparencia del padrón, sino generar un ahorro de caja a expensas de la supervivencia de personas en situación de vulnerabilidad extrema que no cuentan con ningún otro tipo de cobertura de salud.
Terapias cortadas y transporte adaptado en jaque
La crisis no es un debate discursivo: se palpa en la interrupción diaria de los servicios de asistencia. Los prestadores nucleados en CADRA y federaciones provinciales confirmaron que el atraso en los pagos por parte del programa Incluir Salud y las obras sociales ya alcanza los cuatro meses, acumulando un desfasaje arancelario cercano al 50% frente al costo de los insumos médicos y el combustible.
Como consecuencia de este estrangulamiento financiero, cientos de transportistas especializados suspendieron los traslados hacia escuelas especiales y centros de día, dejando a miles de niños y jóvenes aislados en sus hogares. Al mismo tiempo, instituciones terapéuticas históricas del conurbano bonaerense y de las provincias del interior comenzaron a aplicar esquemas de guardias mínimas debido a la imposibilidad de afrontar el pago de sueldos profesionales y las facturas de servicios públicos con tarifas dolarizadas.
La defensa de la comunidad frente a la deshumanización
Padres y tutores autoconvocados iniciaron asambleas de emergencia frente a las sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para denunciar el vaciamiento de las juntas evaluadoras territoriales. Señalan que la exigencia de revalidar certificados en plazos perentorios y a través de plataformas digitales inaccesibles constituye un mecanismo deliberado de expulsión para aquellos beneficiarios que residen en parajes rurales o carecen de conectividad. La pretensión de tratar a un certificado de discapacidad como una planilla contable prescindible expone el costado más oscuro de un modelo que subordina la vida humana al superávit financiero.
