El Ministerio de Salud interrumpió la provisión de drogas de alta complejidad a personas sin cobertura privada. La Justicia federal emitió medidas cautelares urgentes para obligar al Estado a restablecer los tratamientos.
La política de ajuste fiscal provocó una situación dramática en el sistema de salud pública. Las denuncias por remedios oncológicos suspendidos aumentaron en todo el país durante las últimas semanas. En consecuencia, más de 1.800 pacientes con patologías graves quedaron sin cobertura médica continua.
La parálisis administrativa afecta directamente a la asistencia para situaciones especiales. Por este motivo, decenas de familias presentaron recursos de amparo en los tribunales federales. Sin embargo, las autoridades ministeriales apelan los fallos para dilatar las compras públicas de urgencia.
Tratamientos interrumpidos y amparos judiciales
La falta de quimioterapias y drogas biológicas compromete la supervivencia de los enfermos. Asimismo, doce provincias argentinas reportaron un corte total en los envíos de medicamentos especiales. Además, los hospitales provinciales no cuentan con recursos propios para absorber esta demanda extraordinaria.
Por lo tanto, diversas sociedades científicas expresaron su profunda preocupación ética e institucional. De este modo, los médicos deben suspender ciclos terapéuticos indispensables para evitar el avance tumoral. Por consiguiente, la burocracia estatal condena al desamparo a los sectores más humildes.
El falso ahorro del superávit contable
El Gobierno sostiene que las demoras responden a revisiones administrativas de los padrones. No obstante, las auditorías oficiales no pueden ejecutarse a costa de interrumpir tratamientos continuos. En este sentido, un Estado humanista debe garantizar la atención inmediata de sus ciudadanos más frágiles. Finalmente, la Justicia exige una solución urgente para restablecer el derecho a la salud.
