El gobierno de Viktor Orbán activó una ley que prohíbe las marchas del Orgullo y restringe derechos de la comunidad LGBTIQ+. La normativa permite multar a quienes participen en eventos prohibidos y autoriza el uso de reconocimiento facial para identificar asistentes.
La ley, aprobada en marzo, define el sexo como una característica biológica inmutable y prohíbe expresiones públicas de diversidad sexual, bajo el argumento de proteger el desarrollo infantil.
Organizaciones como Amnistía Internacional calificaron la medida como un ataque frontal a los derechos humanos y alertaron sobre una deriva autoritaria en Hungría.
Las protestas en Budapest se intensificaron, mientras la comunidad internacional, incluyendo embajadas europeas y la Comisión Europea, expresó su preocupación por la vulneración de derechos fundamentales.
