La concejala de Quilmes Eva Mieri, referente del peronismo local y presidenta del bloque del PJ en el Concejo Deliberante, fue detenida este miércoles en un operativo que exhibe, una vez más, cómo el Poder Judicial se convierte en herramienta de disciplinamiento político bajo la línea del Gobierno nacional. La acusación: su presunta participación en un ataque simbólico contra el diputado liberal José Luis Espert, a quien le arrojaron estiércol en la puerta de su casa.
El procedimiento fue ordenado por la jueza Sandra Arroyo Salgado, en el marco de una causa que investiga a un grupo de encapuchados que colgó pasacalles agraviantes frente al domicilio del diputado. La camioneta presuntamente utilizada en el hecho fue localizada en Quilmes, lo que dio pie a una serie de allanamientos simultáneos, incluida la sede del municipio.
Además de Mieri, fueron detenidas otras tres personas —dos mujeres y un hombre militantes de La Cámpora— en operativos realizados en distintos puntos del conurbano. La causa está bajo secreto de sumario, lo que impide conocer con claridad las pruebas que justificarían estas detenciones. Sin embargo, la espectacularidad del despliegue refuerza la idea de una justicia más interesada en generar impacto político que en garantizar derechos.
La intendenta Mayra Mendoza denunció una “acción ilegal y antidemocrática” y sostuvo que se trata de un nuevo caso de persecución a dirigentes opositores. “El aparato judicial se activa con una celeridad asombrosa cuando se trata de castigar a quienes piensan distinto”, advirtió. También apuntó contra Espert por incitación al odio desde el Congreso.
Desde Unión por la Patria convocaron a una conferencia para la tarde del miércoles, donde se espera que familiares y abogados de los detenidos brinden detalles del caso y denuncien públicamente el uso del sistema judicial como brazo ejecutor de la estrategia política del oficialismo.
