Por Redacción Info del Plata
El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró públicamente a través de sus redes sociales el regreso al terreno positivo de las cuentas públicas en julio, anunciando un superávit primario de $2.960.333 millones y un resultado financiero de $244.897 millones para el Sector Público Nacional (SPN). Sin embargo, detrás del festejo oficial se esconde una operación de asfixia premeditada contra las provincias argentinas y una transferencia directa de recursos desde los servicios esenciales del interior hacia el pago de acreedores financieros.
El propio reporte del Palacio de Hacienda reconoció que durante el mes se desembolsaron $2.715.436 millones netos exclusivamente para el pago de intereses de la deuda pública, concentrados en los cupones de los bonos Globales y Bonares. Para sostener ese flujo hacia los mercados sin caer en déficit, el Gobierno aplicó una reducción real del 7% en el gasto primario, concentrando el torniquete en los giros federales y los subsidios.
El interior en el cadalso: transferencias en caída libre
De acuerdo con el informe técnico del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), las transferencias no automáticas y corrientes dirigidas a los 23 distritos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sufrieron un retroceso real del 19,2% interanual en julio, acumulando caídas de hasta el 39% anual en términos reales según la consultora LCG.
A este cuadro se suma la parálisis de la obra pública: el gasto de capital financiado por la Nación se desplomó más de un 80% en provincias como La Rioja (89%), Tucumán (88%), Chaco (88%) y Jujuy (85%), paralizando la construcción de redes de agua potable, cloacas, escuelas técnicas y mejoras en rutas troncales del interior profundo.
El superávit ficticio que genera déficits provinciales
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y centros de estudios federales advierten que el Gobierno nacional no eliminó el déficit, sino que lo trasladó forzosamente a los Estados subnacionales. Al recortarse los fondos de asistencia, las provincias se ven obligadas a absorber con recursos propios la compra de medicamentos de alta complejidad, insumos hospitalarios, comedores escolares y salarios docentes.
Esta dinámica provocó que el superávit consolidado de las provincias alcanzara en el primer semestre su nivel más bajo en más de una década, con seis distritos entrando directamente en déficit operativo mientras la recaudación tributaria local cae producto de la recesión económica.
La extorsión política detrás de los números
El estrangulamiento presupuestario opera además como un mecanismo de disciplinamiento político. Al cerrar el grifo de los recursos no automáticos, la Casa Rosada busca forzar a los mandatarios provinciales a alinearse con las reformas legislativas y el esquema de desregulación económica, condicionando la gobernabilidad local a la firma de acuerdos fiscales lesivos para la autonomía de sus pueblos.
