Por Redacción Info del Plata
El esquema de desmantelamiento de subsidios y liberalización de precios energéticos ejecutado por el gobierno de Javier Milei sumó un nuevo capítulo de severo impacto en el presupuesto familiar. Mediante resoluciones publicadas por la Secretaría de Energía de la Nación, en conjunto con los cuadros emitidos por el ENRE y ENARGAS, se dispuso para septiembre de 2026 una actualización tarifaria que combina incrementos nominales en los componentes de transporte y distribución con un recorte abrupto del volumen de consumo eléctrico subsidiado.
La modificación sustancial recae sobre los usuarios clasificados en los segmentos Nivel 2 (bajos ingresos) y Nivel 3 (ingresos medios). A partir de este mes, el bloque mensual subsidiado quedó limitado a 200 kWh. Todo consumo que supere ese umbral será facturado al valor pleno del costo de generación eléctrica, eliminando cualquier tipo de cobertura estatal sobre el excedente.
El castigo sobre los barrios sin red de gas
El impacto de la medida resulta especialmente nocivo en barriadas populares del Gran Buenos Aires y regiones del interior donde la red formal de gas natural no existe. En esos territorios, la electricidad no representa un consumo prescindible, sino el único medio para calefaccionar ambientes, calentar agua sanitaria y cocinar mediante anafes y pavas eléctricas.
De acuerdo con relevamientos del Observatorio de Tarifas y Subsidios UBA-CONICET, un hogar promedio de cuatro personas en áreas no gasificadas consume habitualmente entre 350 y 500 kWh por mes durante períodos de bajas temperaturas:
- Tope asfixiante: Con el límite clavado en 200 kWh, más del 50% de la energía consumida en esas viviendas pasará a cobrarse a tarifa pura de mercado.
- Facturas disparadas: Usuarios residenciales que venían pagando entre $30.000 y $45.000 pasarán a recibir liquidaciones que oscilarán entre los $75.000 y $95.000 mensuales.
- Impacto en el gas: Para el servicio por redes se autorizó un incremento escalonado del 3,8% al 4,5%, consolidando un gasto fijo en servicios que ya absorbe más de un tercio del salario promedio registrado.
Rentabilidad garantizada frente a la crisis del consumo
La política oficial profundiza la transferencia regresiva de recursos: mientras el consumo minorista y la actividad fabril caen a tasas de dos dígitos, las empresas generadoras, transportistas y distribuidoras retienen cuadros tarifarios indexados que les aseguran ingresos extraordinarios sin contraprestación de inversiones proporcionales en calidad de red.
El recorte al tope de 200 kWh no busca fomentar la eficiencia energética, sino forzar un desahogo de las cuentas del Tesoro para exhibir solvencia fiscal, a costa de empujar a cientos de miles de hogares a la pobreza energética y a la acumulación de deudas por servicios básicos.
